Este caso llegó al Alto Tribunal de Sudáfrica cuestionando una orden de desalojo que dejaba a una mujer con discapacidad mental y a sus hijos fuera de su hogar sin considerar factores relevantes bajo el derecho de desalojo que hubieran protegido los derechos y necesidades de la mujer y sus hijos.
El Alto Tribunal revocó la orden de desalojo y concluyó que tal orden había violado los derechos de la mujer bajo el artículo 26 de la Constitución de Sudáfrica, el cual garantiza el debido proceso en casos relacionados con la vivienda. Le ordenó al ex marido pagar los honorarios del abogado de la mujer.
Este caso es importante dentro del derecho de desalojos por su contundente afirmación de la importancia de considerar todas las circunstancias relevantes al otorgar una orden de desalojo, especialmente aquellas relacionadas con los niños, los discapacitados, los hogares encabezados por mujeres y la disponibilidad de una vivienda alternativa. El Tribunal también dispuso que los tribunales tienen la obligación afirmativa de investigar tales circunstancias y no pueden limitarse a aceptar los hechos como los presenta la parte que solicita la orden.