Este caso llegó al Alto Tribunal de Sudáfrica cuestionando una orden de desalojo que dejaba a una mujer con discapacidad mental y a sus hijos fuera de su hogar sin considerar factores relevantes bajo el derecho de desalojo que hubieran protegido los derechos y necesidades de la mujer y sus hijos.
Una mujer con discapacidad mental, madre de tres hijos, buscó la revocación de una orden de desalojo del hogar familiar obtenida por su ex marido. Al procesar la orden de desalojo, el juez vio que el marido era el propietario registrado de la propiedad y la ex esposa y los hijos la ocupaban a pesar de que él había retirado su consentimiento. El juez reconoció la discapacidad de la mujer, pero sostuvo que tenía una vivienda adecuada alternativa a su disposición, porque podía volver a vivir con sus familiares (lo que ella negó). El juez no consideró dónde vivirían los hijos tras el desalojo.
La mujer argumentó que la orden de desalojo violaba sus derechos bajo el artículo 26 de la Constitución de Sudáfrica, el derecho a la vivienda y el derecho al proceso debido en caso de desalojo. También reclamó que el juez debió considerar el hecho de que el marido le debía a su esposa una casa como pago de dote obligatorio (“mahr”) bajo el derecho musulmán.
Los artículos 4(6) y 4(7)a de la Ley de Prevención de Desalojos Ilegales y Ocupación Ilegal de Tierras (Prevention of Illegal Eviction from and Unlawful Occupation of Land Act, PIE) de 1998 requieren que el tribunal solo otorgue una orden de desalojo tras considerar “todas las circunstancias relevantes, incluyendo los derechos y necesidades de los ancianos, niños, personas discapacitadas y hogares encabezados por mujeres”. La jurisprudencia sumó otro factor que debía ser considerado bajo el artículo 4(6) o 4(7): la disponibilidad de tierra/vivienda alternativa. Al revocar la orden de desalojo, el Alto Tribunal reafirmó la importancia de considerar estos factores y sostuvo que los tribunales tienen la obligación afirmativa de investigar los hechos relacionados con dichos factores. El tribunal sostuvo que el juez debió haber considerado los derechos de los niños, la mujer discapacitada y el hecho de que se trataba de un hogar encabezado por una mujer, así como si existía una vivienda alternativa adecuada.
El Alto Tribunal también se refirió a cómo el desalojo de los niños por parte de su padre podría violar los derechos constitucionales de los hijos, incluyendo el derecho a la vivienda (art. 28(1)(c)), el derecho al cuidado de los padres (art. 28(1)(b)) y a ser protegidos contra la negligencia, el abuso o la degradación ( art. 28(1)(d)). El padre había violado estos derechos al tratar de desalojarlos sin considerar si existía una vivienda alternativa.
El Alto Tribunal revocó la orden de desalojo y concluyó que tal orden había violado los derechos de la mujer bajo el artículo 26 de la Constitución de Sudáfrica, el cual garantiza el debido proceso en casos relacionados con la vivienda. Le ordenó al ex marido pagar los honorarios del abogado de la mujer.
Este caso es importante dentro del derecho de desalojos por su contundente afirmación de la importancia de considerar todas las circunstancias relevantes al otorgar una orden de desalojo, especialmente aquellas relacionadas con los niños, los discapacitados, los hogares encabezados por mujeres y la disponibilidad de una vivienda alternativa. El Tribunal también dispuso que los tribunales tienen la obligación afirmativa de investigar tales circunstancias y no pueden limitarse a aceptar los hechos como los presenta la parte que solicita la orden.
