Cuatro peticionantes, incluyendo la organización Center for Health, Human Rights & Development (CEHURD) y dos familiares de mujeres que habían fallecido durante el parto, apelaron el rechazo por parte de la Corte Constitucional de una petición en la que denunciaban que el gobierno violaba la Constitución al no proporcionar servicios básicos de salud y que la negligencia de los trabajadores del sector de la salud conducía a la muerte de mujeres durante el parto.
Dado que la Corte Constitucional ya posee el expediente original de la petición, solo será necesario que lo vuelva a abrir y que determine una fecha de audiencia para el caso como lo ordenó la Corte Suprema. Sin embargo, los litigantes y otros interesados deben hacer un seguimiento minucioso del asunto y asegurar que no se postergue la audiencia indebidamente.
Este caso es sumamente importante en un país en el que, según la Organization Mundial de la Salud, existe una tasa de mortalidad materna de 310 (cada 100.000 nacimientos vivos) (2010). El litigio y el trabajo de incidencia paralelo destacaron la gran cantidad de muertes maternas prevenibles y plantearon preguntas sobre las obligaciones del gobierno respecto de la salud.
Asimismo, al afirmar que la doctrina de la cuestión política es de aplicación limitada en Uganda, la Corte Suprema enfatizó que las políticas, actos y omisiones del gobierno en el sector de la salud y otros están sujetos a la revisión judicial respecto de su constitucionalidad. De esta manera, el poder judicial protege el acceso a los tribunales y da otro paso hacia el reconocimiento de la justiciabilidad del derecho a la salud y otros derechos socioeconómicos. El caso también restaura la confianza de litigantes potenciales de los DESC que estaban desalentados por el precedente establecido por la Corte Constitucional.
(Actualizado en noviembre de 2015)
Center for Health, Human Rights & Development (CEHURD), Coalition to Stop Maternal Mortality in Uganda y el miembro de la Red-DESC Initiative for Social and Economic Rights (ISER). CEHURD, uno de los peticionantes, organizó un equipo de abogados para discutir los argumentos y plantear los temas de la apelación del caso. ISER formó parte del equipo legal asesor.