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Lunes, Noviembre 14, 2016
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Naturaleza del caso

La Corte Penal Internacional declara culpable a una persona de un crimen de guerra conforme al Estatuto de Roma debido al papel activo que desempeñó en la destrucción deliberada de lugares de patrimonio cultural en Tombuctú, Mali. Aunque la Corte no se centró en este aspecto, tales ataques intencionales contra patrimonios culturales también pueden considerarse una violación de los derechos humanos, incluyendo el derecho humano de todas las personas a participar en la vida cultural.

Aplicación de la decisión y resultados

Al Mahdi se encuentra bajo custodia de la CPI. Según el portavoz de la CPI Fadi ElAbdallah, Al Mahdi no completará toda la sentencia en el centro de detención de la CPI de La Haya: “cumplirá con su sentencia en un establecimiento nacional de un estado que ha aceptado recibirlo. Las decisiones relacionadas con este asunto serán tomadas en su debido momento por la CPI en diálogo con los estados pertinentes”.  

Relevancia del caso

Esta decisión es particularmente importante porque constituye el primer enjuiciamiento internacional centrado exclusivamente en el crimen de guerra de destrucción del patrimonio cultural. La sentencia fue celebrada como un paso clave hacia el fin de la impunidad de la destrucción deliberada del patrimonio cultural, una práctica que ha incrementado su frecuencia y suele ser una estrategia deliberada destinada a promover la persecución y la depuración cultural. La fiscal de la CPI Fatou Bensouda afirmó que los cargos presentados en este caso “…se refieren a la destrucción de monumentos históricos irremplazables, y son... un ataque cruel contra la dignidad y la identidad de poblaciones enteras y sus raíces religiosas e históricas. Lo que está en juego no son solo paredes y piedras”.

El caso es particularmente importante desde la perspectiva de los derechos humanos, dado que la destrucción intencional del patrimonio cultural es, a la vez, un crimen de guerra y una violación de los derechos humanos, en particular de los derechos culturales. El enjuiciamiento penal es una manera de exigir que los perpetradores asuman su responsabilidad por tales violaciones. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, recientemente se refirió a varios ataques contra el patrimonio cultural y señaló que proteger los tesoros culturales es “…una parte de nuestros esfuerzos por defender los derechos humanos y salvar vidas”. Alabó el juicio de la CPI por ayudar a poner fin a la impunidad. Asimismo, la Relatora Especial de la ONU del área de los derechos culturales celebró la decisión de la CPI en su informe de agosto de 2016 para la Asamblea General de la ONU (párr. 54). En el informe, la Relatora Especial se refiere a las relaciones que existen entre los derechos humanos y la destrucción intencional del patrimonio cultural.

Aunque le dieron la bienvenida a la decisión, ciertos miembros de la sociedad civil también criticaron que la CPI no enjuició otros delitos graves que tuvieron lugar en Mali durante el conflicto de 2012, incluyendo asesinatos, violaciones y torturas. La fiscal de la Corte declaró que su oficina todavía estaba investigando otros delitos y que este solo había sido el primer caso sobre Mali. Se espera que, frente a la reciente devastación intencional de patrimonios culturales en zonas de conflicto (por ejemplo, en Siria, Irak y Afganistán) esta sentencia de la CPI envíe a los grupos armados el claro mensaje de que la demolición de tesoros culturales no permanecerá impune.