Petición para cuestionar la constitucionalidad de la Ley de la República 8180, que desreguló la industria petrolera de Filipinas. El caso se refiere a una amplia gama de temas, incluyendo la prohibición de monopolios y el alcance de la autoridad judicial.
Respecto del cumplimiento, la Corte sostuvo que las disposiciones violatorias de la legislación permeaban su esencia de tal manera que era necesario revocar toda la ley. Tras la sentencia el gobierno presentó una moción de reconsideración de la decisión, pero esta fue rechazada por la Corte por falta de mérito. Para contrarrestar la decisión de Tatad que declaraba inconstitucional la Ley 8180, Filipinas aprobó la Ley de la República Nro. 8479 (“Ley 8479”), conocida como la Ley de Desregulación de la Industria Petrolera Aguas Abajo de 1998, el 10 de febrero de ese año. La nueva legislación omitía los artículos violatorios de la Ley 8180. La constitucionalidad de esta ley también fue cuestionada, pero sin éxito; los tribunales mostraron una marca deferencia por la legislatura afirmando que “…la disposición cuestionada es una decisión política del Congreso y la adecuación de tal disposición está fuera de la competencia del presente tribunal”.
La sentencia de Tatad es un ejemplo de un litigio socioeconómico centrado en procesos asociados con privatizaciones (Malcolm Langford ed., Social Rights Jurisprudence, 2008, p. 19). Esto es particularmente importante teniendo en cuenta las tendencias globales actuales hacia la privatización. El caso se considera un juicio histórico respecto del incipiente movimiento antimonopolista de Filipinas.
Otro aspecto destacable de la sentencia de Tatad es el claro reconocimiento del papel del poder judicial en la protección de los derechos políticos y económicos de la población de Filipinas como se demuestra en la observación de la Corte de que no podía “eludir su obligación de eliminar una ley que ofende la Constitución”, incluso cuando tal ley fuera producto de una decisión de la legislatura en el ámbito económico. Sin embargo, decisiones posteriores han demostrado el impacto que puede tener la doctrina de la separación de poderes sobre los casos que tratan sobre políticas económicas y sociales.
(Actualizado en agosto de 2015)
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