Summary
Un grupo de legisladores filipinos presentó este caso para cuestionar la constitucionalidad de la Ley de la República 8180, conocida como la Ley de Desregulación de la Industria Petrolera Aguas Abajo de 1996, concretamente, de sus artículos 5(b), 6 y 9(b).
Los peticionantes sostuvieron que las tres mayores compañías petroleras (Petron, Shell y Caltex) producían y procesaban productos casi idénticos que vendían al público general a precios idénticos. Cuando una empresa subía o bajaba los precios, las otras dos hacían lo mismo casi simultáneamente y en la misma medida. Las tres petroleras podían, entre otras cosas, determinar los precios del gas debido a que la Ley de la República 8180, la Ley de Desregulación Petrolera, eliminaba los controles gubernamentales sobre la industria del petróleo aguas abajo.
La Corte Suprema concluyó que la Ley 8180 permitía que las tres petroleras formaran efectivamente un monopolio o cartel en la industria petrolera. Asimismo, tres disposiciones específicas de la ley (sobre diferencias en tarifas, almacenamiento de existencias y precios predatorios) tendían a obstruir el ingreso y la competitividad de nuevos actores. Destacando la importancia central de la electricidad en la vida de la población, la Corte sostuvo que los precios más elevados del petróleo facilitados por la Ley 8180 “amenazan con multiplicar la cantidad de mendigos y de personas con la espalda doblada”. Considerando la totalidad de los temas en juego en el caso, la Corte concluyó que la Ley 8180 violaba la prohibición constitucional de los monopolios y combinaciones que restringen el comercio, concretamente, el artículo XII, sección 19, de la Constitución de 1997, el cual dispone que “[e]l estado deberá regular o prohibir los monopolios cuando el interés público así lo requiera. No se permitirá la competencia desleal ni ninguna combinación que restrinja el comercio”.