Demanda de inquilinos contra el desalojo planificado de ocupantes pobres de una propiedad privada. El caso abarca una amplia gama de temas, incluyendo los derechos de los propietarios y la obligación de la municipalidad de proporcionar viviendas alternativas para ocupantes.
Los residentes recibieron la orden de abandonar el edificio antes del 15 de abril de 2012 y la ciudad debía proporcionar una vivienda alternativa antes del 1º de abril. El 13 de abril de 2012, la ciudad todavía no había encontrado una vivienda para los residentes y, por ello, estos últimos presentaron una medida de emergencia ante el Alto Tribunal, argumentando que se enfrentaban a un desalojo y podrían quedar sin techo en tres días. El Tribunal pospuso el desalojo inminente hasta el 2 de mayo de 2012. El 30 de abril de 2012 los residentes fueron reubicados en viviendas temporarias.
Un aspecto importante en términos del cumplimiento fue que los ocupantes, en este caso, fueron divididos en dos grupos: los que podían pagar un alquiler de R600 o más, quienes se mudaron a viviendas de alquiler de propiedad de la municipalidad, y los que no podían enfrentar ese gasto. El primer grupo sigue viviendo en MBV 2, el conjunto de viviendas subsidiadas en el que fueron reubicados en abril de 2012. El segundo grupo se mudó al refugio Ekuthuleni, un centro administrado por Metropolitan Evangelical Services (MES). MES trató de imponer reglas draconianas, incluyendo prohibiciones de ingreso durante el día y la noche, y segregación de género, lo que separaba familias. Por medio del segundo grupo, el caso Blue Moonlight pasó a ser el litigio actual Dladla & 32 otros c. Ciudad de Johannesburgo y otra, una demanda en la que los residentes cuestionan dichas reglas. (Entrevista por correo electrónico con Nomzamo Zondo, Director of Litigios, SERI, 9 de julio de 2015)
Este caso fue fundamental, porque estableció que el estado debe proporcionar viviendas alternativas para los ocupantes ilegales que puedan quedar sin techo debido a un desalojo de una propiedad privada. El caso también afirmó que el derecho del propietario a su propiedad puede verse limitado por el derecho a una vivienda adecuada de ocupantes ilegales.
(Actualizado en agosto de 2015)
Socio-Economic Rights Institute (SERI), Lawyers for Human Rights