La demanda presentada por MDAC denunció la violación del derecho a la educación de niños residentes en hogares para niños con discapacidades mentales. El caso se refiere a una amplia gama de temas, incluyendo la provisión de educación basada en disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, y la obligación del Estado de realizar los derechos en forma progresiva.
Tras este caso, Bulgaria aprobó la Disposición nro. 1/2009 para la Educación de Niños y Alumnos con Necesidades Especiales de Educación y/o Enfermedades Crónicas, en la que se proporciona educación en escuelas comunes y capacitación para maestros. Sin embargo, MDAC informó en 2010 que la única opción educativa real de los niños internados en instituciones eran las clases dentro de la institución. Haciendo referencia a un sistema de inscripción impreciso y planes de estudio obsoletos, las organizaciones han enfatizado que en 2011 estos niños seguían siendo privados del derecho a la educación ordinaria.
En enero de 2012, Bulgaria ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, pero no su Protocolo Facultativo. En 2014, afirmó que estaba trabajando para alcanzar un objetivo de mayor inclusión social, incluyendo la desinstitucionalización de niños con discapacidades y la educación integrada, y que había creado un plan bianual para implementar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades y un sistema administrativo unificado para asegurar una mayor integración de las personas con discapacidades.
La decisión reconoció que la legislación o las políticas por sí solas no son suficientes. El Comité reiteró las obligaciones internacionales relacionadas con el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, que requiere que los Estados tomen medidas dentro de un plazo razonable, muestren un progreso mensurable y aseguren una financiación que refleje el máximo uso de los recursos disponibles. Es muy importante que el Comité también reafirmara que las limitaciones financieras no pueden utilizarse para justificar el hecho de que los niños con discapacidades intelectuales que viven en instituciones no tengan acceso a la educación. Asimismo, el caso demostró que el derecho a la educación en el marco de los niños con discapacidades intelectuales requiere de su inclusión dentro del sistema educativo ordinario.
(Actualizado en julio de 2015)
Mental Disability Advocacy Centre (MDAC)