Demanda de inquilinos contra el desalojo planificado de ocupantes pobres de una propiedad privada. El caso abarca una amplia gama de temas, incluyendo los derechos de los propietarios y la obligación de la municipalidad de proporcionar viviendas alternativas para ocupantes.
Este caso se refiere al conflicto entre el derecho constitucional a una vivienda adecuada y el derecho de un propietario a explotar la propiedad privada. Ochenta y seis personas pobres estaban ocupando ilegalmente como vivienda instalaciones industriales abandonadas. El propietario de las instalaciones (Blue Moonlight) presentó una demanda para desalojar a los ocupantes a fin de explotar la propiedad, lo que casi con seguridad los dejaría sin techo. Los ocupantes argumentaron que la ciudad tenía la obligación de proporcionarles una vivienda temporaria bajo la Constitución de Sudáfrica y la Ley de Prevención de Desalojos Ilegales y Ocupación Ilegal de Viviendas y Tierras nro. 19 de 1998 (Prevention of Illegal Eviction from, and Unlawful Occupation of, Land Housing Act, conocida como Ley PIE) antes de que pudieran ser desalojados.
Las órdenes de tribunales inferiores permitieron que procediera el desalojo, pero afirmaron que la ciudad estaba obligada a encontrar viviendas para los ocupantes. El caso llegó vía apelación hasta la Corte Constitucional, la cual sostuvo que una corte no puede otorgar una orden de desalojo conforme a la Ley PIE si no es justo y equitativo hacerlo. Para decidir si un desalojo es justo y equitativo, la Corte consideró que muchos de los ocupantes habían vivido en la propiedad durante un periodo muy prolongado, la ocupación había sido legal en otro momento, Blue Moonlight estaba al tanto de la presencia de los ocupantes al comprar la propiedad y el desalojo de los ocupantes los dejaría sin techo mientras que no existía el riesgo opuesto de que Blue Moonlight quedara sin techo (como sí podía ocurrir cuando el desalojo se buscaba para que una familia pueda acceder a una vivienda). La Corte concluyó que el desalojo no era justo o equitativo hasta que la ciudad proporcionara a los ocupantes una vivienda alternativa. En otras palabras, la Corte sostuvo que, en circunstancias bajo las cuales un desalojo de ocupantes de una propiedad privada los deja sin techo, los derechos de los propietarios debían ceder temporariamente ante el derecho de los ocupantes a una vivienda digna.
La Corte ordenó a la ciudad proporcionarles a los ocupantes una vivienda alternativa adecuada, rechazando el argumento de la ciudad de que no contaba con recursos financieros adecuados para hacerlo. Finalmente, la Corte insistió en que debía existir una relación entre la fecha de desalojo y la fecha en la que la ciudad proporcionaría dicha vivienda a fin de asegurar que los ocupantes no queden sin techo debido al desalojo.
Los residentes recibieron la orden de abandonar el edificio antes del 15 de abril de 2012 y la ciudad debía proporcionar una vivienda alternativa antes del 1º de abril. El 13 de abril de 2012, la ciudad todavía no había encontrado una vivienda para los residentes y, por ello, estos últimos presentaron una medida de emergencia ante el Alto Tribunal, argumentando que se enfrentaban a un desalojo y podrían quedar sin techo en tres días. El Tribunal pospuso el desalojo inminente hasta el 2 de mayo de 2012. El 30 de abril de 2012 los residentes fueron reubicados en viviendas temporarias.
Un aspecto importante en términos del cumplimiento fue que los ocupantes, en este caso, fueron divididos en dos grupos: los que podían pagar un alquiler de R600 o más, quienes se mudaron a viviendas de alquiler de propiedad de la municipalidad, y los que no podían enfrentar ese gasto. El primer grupo sigue viviendo en MBV 2, el conjunto de viviendas subsidiadas en el que fueron reubicados en abril de 2012. El segundo grupo se mudó al refugio Ekuthuleni, un centro administrado por Metropolitan Evangelical Services (MES). MES trató de imponer reglas draconianas, incluyendo prohibiciones de ingreso durante el día y la noche, y segregación de género, lo que separaba familias. Por medio del segundo grupo, el caso Blue Moonlight pasó a ser el litigio actual Dladla & 32 otros c. Ciudad de Johannesburgo y otra, una demanda en la que los residentes cuestionan dichas reglas. (Entrevista por correo electrónico con Nomzamo Zondo, Director of Litigios, SERI, 9 de julio de 2015)
Este caso fue fundamental, porque estableció que el estado debe proporcionar viviendas alternativas para los ocupantes ilegales que puedan quedar sin techo debido a un desalojo de una propiedad privada. El caso también afirmó que el derecho del propietario a su propiedad puede verse limitado por el derecho a una vivienda adecuada de ocupantes ilegales.
(Actualizado en agosto de 2015)
Socio-Economic Rights Institute (SERI), Lawyers for Human Rights
