Decisión de la Corte Constitucional sobre el derecho a la vivienda frente al derecho de un propietario a su tierra; apelación de una orden de un Alto Tribunal que permitía un desalojo sin considerar plenamente las circunstancias de los ocupantes y las consecuencias que el desalojo tendría para ellos.
Este caso se refiere a una apelación de una orden de un Alto Tribunal que permitía el desalojo de unas 170 familias de las tierras que habían ocupado como consecuencia de que un asentamiento informal había traspasado el límite de tierras privadas. El Alto Tribunal ordenó permitir el desalojo de las familias de la propiedad. Las familias apelaron la orden aduciendo que violaba el artículo 4(6) de la Ley de Prevención de Desalojos Ilegales y Ocupación Ilegal de Viviendas y Tierras nro. 19 de 1998 (Prevention of Illegal Eviction from, and Unlawful Occupation of, Land Housing Act, conocida como Ley PIE), la cual se había aprobado para dar efecto al artículo 26(3) de la Constitución (prohibición de desalojos sin orden judicial que considere todas las circunstancias pertinentes).
La Corte Constitucional sostuvo que, a pesar de que la Ley PIE no requería que el Alto Tribunal evalúe si la municipalidad pondría a disposición tierras alternativas para quienes serían desalojados, de todas maneras estaba obligado a considerar todas las circunstancias pertinentes para asegurar que el desalojo fuera justo y equitativo. En este caso, el desalojo hubiera dejado sin techo a unas 200 familias y la ciudad poseía tierras vacantes que podrían emplearse para reubicar a los desalojados. La Corte sostuvo que, sin considerar estos hechos, el Alto Tribunal no podía afirmar con seguridad que su orden fuera justa y equitativa.
La Corte criticó al Alto Tribunal por basarse en una teoría absolutista de los derechos de propiedad. La decisión sostuvo que, aunque los derechos de propiedad sin duda eran importantes, se los podía restringir temporariamente para asegurar el cumplimiento de los derechos constitucionales de los ocupantes. La Corte destacó que los propietarios no tenían ningún uso planeado para sus tierras en el futuro próximo y, bajo estas circunstancias, permitir que los ocupantes permanezcan en las tierras hasta que estuviera disponible una ubicación alternativa no constituiría una carga inaceptable para los propietarios. Por lo tanto, la Corte le devolvió el caso al Alto Tribunal para que considere más plenamente las circunstancias en juego y ordenó a la Ciudad presentar un informe ante el Alto Tribunal sobre varios temas, incluyendo las medidas que había tomado, podría tomar y planeaba tomar a fin de proporcionar tierras o viviendas alternativas como viviendas de emergencia para los ocupantes en caso de desalojo.
A la fecha del presente resumen no se habían proporcionado tierras alternativas. La ciudad de Tshwane llevó a cabo una auditoría de los ocupantes, sin que la ciudad se ocupe de las circunstancias personales y las necesidades de vivienda de la comunidad. Vale destacar que el asentamiento creció considerablemente, de tener unas 170 familias en el momento en que se presentó la demanda hasta aproximadamente 2000 hogares en la fecha de la sentencia de la Corte Constitucional y la auditoría subsiguiente. Tras la presentación por parte de la municipalidad del informe ante el Alto Tribunal, los ocupantes presentaron una declaración conforme al párrafo 5 de la orden de la Corte Constitucional. Todas las consultas y los intentos de trabajar con la ciudad tras el intercambio de declaraciones fueron en vano. La ciudad ofreció pagarle al propietario una compensación monetaria hasta que los ocupantes pudieran ser reubicados, pero nunca hizo los pagos prometidos y el propietario inició una demanda civil por daños y perjuicios contra la ciudad. Los ocupantes no participan en esta demanda. Los ocupantes siguen residiendo en Mooiplaats. El asunto todavía está pendiente de revisión por parte del Alto Tribunal. (Entrevista con Nathaniah Jacobs, Lawyers for Human Rights, julio de 2015.)
El caso complementa y amplía la decisión de la Corte en el caso Ciudad de Johannesburgo c. Blue Moonlight Properties en tres aspectos materiales. Primero, la Corte deploró que en ambos casos los ocupantes fueran denominados “invasores”, sosteniendo que tal palabra era “emocional y moralizante” y socavaba la dignidad de los ocupantes. Segundo, tomó en cuenta que, aunque la ocupación se había iniciado apenas poco tiempo antes del procedimiento de desalojo, la probabilidad de que un desalojo deje a los afectados sin techo hacía que siga siendo obligatorio proporcionar viviendas o tierras alternativas. Tercero, la consideró que el propietario no demostró que tuviera un uso urgente u obligatorio para la tierra ocupada ilegalmente; ello volvía innecesario emitir una orden de desalojo urgente sin proporcionar alternativas.
(Actualizado en agosto de 2015)
Lawyers for Human Rights
