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Viernes, Febrero 12, 2016
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Nature of the Case

Solicitud de una orden judicial contra la autoridad habitacional local para que proporcione lugares de parada con servicios adecuados para los miembros de la comunidad de nómadas irlandeses, aduciendo que de lo contrario violaba sus obligaciones emanadas del artículo 56 de la Ley Habitacional de 1966. El caso también incluye un reclamo de indemnización contra el estado por violar los derechos constitucionales de la comunidad de nómadas irlandeses al permitirles vivir bajo condiciones en las que no se podían satisfacer sus necesidades básicas.

Summary

Los actores en este caso eran miembros de la comunidad Irish Travelling, un pueblo tradicionalmente nómada. Este grupo en particular vivió en un lugar de parada no oficial ubicado en Limerick City durante más de ocho años bajo condiciones de pobreza y privaciones extremas, sin agua corriente, baños, recolección o almacenamiento de residuos domésticos, ni superficies duras donde aparcar sus casas rodantes. Los demandantes solicitaron: (i) una orden dirigida a la autoridad habitacional local (Limerick Corporation) para que les proporcione lugares de parada adecuados y con servicios conforme a la Ley Habitacional de 1966 y (ii) una indemnización del estado por el sufrimiento, las molestias y el estrés mental sufrido como consecuencia de la violación de sus derechos constitucionales. Para respaldar este reclamo, sostuvieron que el derecho “a ser protegido mediante un cierto nivel mínimo de condiciones materiales básicas que promueven o protegen la dignidad y la libertad como ser humano” era uno de los derechos personales implícitos en el artículo 40.3 de la Constitución.

El Alto Tribunal rechazó el reclamo de los actores de que tenían derecho a una orden de suministro de lugares de parada con servicios, aduciendo que no existía un derecho constitucional a un cierto estándar mínimo de vida. Sin embargo, la Corte ordenó a la autoridad habitacional revisar sus planes edilicios e incluir propuestas para suministrar lugares de parada con servicios para la comunidad de nómadas irlandeses.

Enforcement of the Decision and Outcomes

Un resultado positivo del caso fue que la Corte ordenó al consejo local revisar su programa habitacional y edilicio. Posteriormente, se aprobó el artículo 13 de la Ley Habitacional de 1988, el cual se refiere específicamente a las necesidades de alojamiento de los nómadas irlandeses. En una serie de casos posteriores, comenzando por University of Limerick c. Ryan (Alto Tribunal, sin informe, 21 de febrero de 1991), los tribunales irlandeses reconocieron que, bajo circunstancias apropiadas, esta disposición impone sobre las autoridades locales la obligación de proporcionar lugares de parada. [Entrevista por correo electrónico con el Dr. David Fennelly, Assistant Professor, Trinity College Dublin School of Law, julio de 2015.]

Significance of the Case

Aunque entre 1973 y 2002 aumentó la cantidad de familias nómadas irlandesas que viven en lugares de parada de las autoridades locales, Whyte comenta que “no existen pruebas de que la sentencia de Ryan haya tenido un efecto dramático en esas cifras” y su potencial “parecería disiparse cuando el tema pasa de la esfera judicial a la política” (Whyte, Social Inclusion and the Legal System: Public Interest Law in Ireland (2ª ed., Institute of Public Administration, 2015), 362-363. [Entrevista con el Dr. David Fennelly, Assistant Professor, Trinity College Dublin School of Law, julio de 2015.]

La verdadera importancia de este caso fue que el presidente del tribunal, el juez Costello, determinó que el reclamo de indemnización era un reclamo de personas que tenían derecho a ciertos recursos materiales provistos por el estado y que los tribunales no eran el foro apropiado para presentar un reclamo así. El juez Costello, basándose en la distinción aristotélica entre la justicia conmutativa y la justicia distributiva, sostuvo que esta última correspondía a la competencia de las ramas electas del gobierno y que sería contrario a la separación de poderes consagrada en la Constitución que los tribunales adjudicaran concretamente reclamos de derechos socioeconómicos. Esta decisión del juez Costello influyó en gran medida en las sentencias de la Corte Suprema de Irlanda en los casos posteriores de Sinnott c. Ministerio de Educación y T.D. c. Ministerio de Educación, en los que la corte excluyó, a todos los efectos, a los tribunales irlandeses de ejercer un papel significativo en la protección y el cumplimiento de los derechos socioeconómicos. Sin embargo, varias sentencias posteriores sugieren que la Corte Suprema tal vez no le haya cerrado la puerta completamente al reconocimiento de ciertos derechos económicos y sociales bajo circunstancias excepcionales.

(Actualizado en agosto de 2015)