Esta decisión de la Corte Constitucional se refiere a si una municipalidad podía desalojar a residentes sin orden judicial cuando los residentes debían ser desalojados temporariamente por razones de seguridad y no habían podido volver a sus residencias transcurrido un año.
Debido al deterioro de los edificios de Schubert Park, un barrio residencial subsidiado por el estado, la ciudad cortó el suministro de agua y electricidad mientras 700 familias vivían allí. Los residentes protestaron encendiendo fuegos y arrojando objetos desde los edificios. La policía obligó a estos residentes a abandonar los edificios y no permitió que ningún residente vuelva al barrio. Se llevaron a cabo negociaciones entre los residentes y la ciudad para encontrar viviendas temporarias para los residentes desplazados, pero no se llegó a un acuerdo.
La solicitud de una orden de retorno a los hogares presentada por los residentes ante el Alto Tribunal de North Gauteng fue rechazada. El Alto Tribunal ordenó a la ciudad proporcionar viviendas temporarias como una oferta para los residentes. Tras la orden, los demás residentes fueron removidos de los edificios. Los peticionantes apelaron ante la Corte Constitucional, solicitando que se revoque la orden del Alto Tribunal, que se les permita volver a sus hogares y que se restaure el servicio de agua y electricidad.
Los peticionantes argumentaron que la ciudad estaba usando la “crisis” como excusa para desalojarlos ilegalmente, basándose en el artículo 26(3) de la Constitución, el cual prevé que los desalojos deben estar apoyados por órdenes judiciales emitidas tras tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes. Los peticionantes también reclamaron que la oferta de la ciudad no constituía una reparación adecuada conforme al artículo 38 de la Constitución, el cual les daba derecho a participar de manera efectiva en el proceso de restitución.
La Corte Constitucional sostuvo que estaba demostrado que los residentes estaban expuestos a un peligro inmediato si volvían al barrio. Sin embargo, concluyó que el supuesto subyacente a la orden era que los residentes tenían derecho, en última instancia, a volver al Schubert Park y que ello no era compatible con la interpretación de la ciudad de que los residentes podían ser desalojados. La Corte afirmó que la negativa de volver a ordenar la ocupación por parte de los residentes (es decir, el rechazo de su solicitud de una orden de reocupar) no era base suficiente para un desalojo conforme al artículo 26(3). Concluyó que la oferta de la ciudad no era adecuada y que, en los términos del artículo 38 de la Constitución, los residentes deberían haber podido participar de manera efectiva en el proceso de reocupación, trabajando junto con la ciudad, en lugar de ser sometidos a la oferta vertical de esta última.
La Corte Constitucional descartó la orden del Alto Tribunal y declaró que los residentes tenían derecho a retornar a sus hogares lo antes posible. Ordenó a las partes reunirse para determinar cómo tendría lugar la restauración e informar al Alto Tribunal. El pago de las tasas judiciales quedó a cargo de los peticionantes.
La Corte Constitucional sostuvo que una municipalidad no puede usar pretextos para remover a residentes de sus hogares y que el artículo 26(3) de la Constitución exige, bajo toda circunstancia, que se emita una orden judicial cuando residentes deban ser desalojados de sus hogares; el desalojo no puede ocurrir como consecuencia de otras circunstancias sin orden judicial.
(Actualizado en agosto de 2015)
