Procurador general y otros c. Tapela y otros, caso del Tribunal de Apelación Civil nro. CACGB-096-14; Procurador general y otros c. Mwale, caso del Tribunal de Apelación Civil nro. CACGB-076-15

Naturaleza del caso

Reclusos con VIH positivo de Zimbabwe y la organización Botswana Network on Law and HIV/AIDS (BONELA) cuestionaron la negativa del gobierno de Botswana de cubrir el costo de la medicación antiretroviral de los presos que no eran ciudadanos. El caso se consolidó junto con una apelación de procedimientos de desacato por medio de la cual otro recluso de Zimbabwe VIH positivo buscaba el cumplimiento de una orden de un tribunal inferior que exigía que los extranjeros que cumplían con los requisitos del tratamiento obtengan los medicamentos antiretrovirales.

Aplicación de la decisión y resultados

El Ministerio de Salud emitió una directiva interna que ordena el suministro de tratamiento TAR a presos que no sean ciudadanos. BONELA informó que desde que se emitió la sentencia no ha recibido reclamos de presos extranjeros referidos a la negativa de suministrar TAR.

Relevancia del caso

Según ONUSIDA (http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/botswana), Botswana tiene una tasa de prevalencia de VIH y SIDA del 25,2% entre adultos de 15 a 49 años de edad (2014). El Institute for Criminal Policy Research (http://www.prisonstudies.org/country/botswana) estima que los extranjeros representan el 14,1% de la población carcelaria (2013). El reconocimiento de la obligación del gobierno de cuidar de los presos independientemente de su origen nacional tiene importantes consecuencias de salud pública para los presos extranjeros con VIH positivo. Incluso en un sentido más amplio, la decisión establece un precedente importante al reconocer la justiciabilidad de los derechos a la salud de todos los presos bajo la Ley y Reglamentación de Cárceles. Al mismo tiempo, la decisión le impone al gobierno la obligación de obtener recursos financieros para cumplir con sus obligaciones legales. Las limitaciones de recursos no justifican el incumplimiento de tales obligaciones.

(Actualizado en diciembre de 2015)

Grupos involucrados en el caso

Botswana Network on Law and HIV/AIDS (BONELA) y Southern Africa Litigation Centre (SALC)