Al evaluar la constitucionalidad de un proyecto de ley de salud que le había enviado el Presidente, la Corte Suprema de Irlanda consideró si las disposiciones del proyecto, que permitían el cobro de servicios a pacientes internados, incluso a personas mayores de medios limitados, eran compatibles con la Constitución.
En 2005, bajo el procedimiento del artículo 26 de la Constitución, la Corte Suprema de Irlanda examinó la constitucionalidad de un proyecto de ley que le había enviado el Presidente. El proyecto autorizaba el cobro de servicios a pacientes internados provistos por el servicio de salud público, siendo que el cobro se impondría a ciertas personas, en la mayoría de los casos personas de edad avanzada con pocos medios. Se argumentó que los ciudadanos que no contaban con los medios para cuidarse a sí mismos en forma independiente tenían el derecho constitucional a ser cuidados y mantenidos por el estado, derivado del derecho constitucional a la vida y a la integridad física y la dignidad humana (artículo 40.3), y no se les debía cobrar dicho mantenimiento. Aunque no era necesario abordar este tema en este caso, la Corte concluyó que podía surgir un problema por el que se podría limitar la discreción habitual de la legislatura debido a una obligación constitucional de proveer abrigo y mantenimiento para quienes tienen necesidades excepcionales. Dado que el proyecto de ley contenía salvaguardas adecuadas, la Corte rechazó el argumento de que los cargos impuestos restringirían indebidamente el acceso a servicios relevantes en tal medida que representarían una violación del derecho constitucional al mantenimiento. Por ello, las disposiciones que permitían los cargos no eran consideradas inconstitucionales.
La legislación cuestionada también declaraba en forma retroactiva que ciertos cargos impuestos por el servicio de salud en el pasado eran legales, los cuales habían infringido la legislación vigente en ese momento, que exigía que los servicios fueran gratis. Asimismo, el proyecto de ley privaba de manera efectiva a las partes afectadas de todo derecho a recuperación. La Corte decidió que este componente retroactivo del proyecto de ley era un ataque injusto sobre los derechos de propiedad (art. 43 y art. 40.3.2) y, por ello, inconstitucional. Se observó que en el marco constitucional los derechos de propiedad de las personas de medios modestos merecían protección especial, dado que toda limitación de los derechos de tales personas normalmente tiene un impacto proporcionalmente más fuerte. La Corte afirmó que tal limitación de un derecho a la propiedad solo se justificaba para evitar una crisis financiera extrema o un desequilibrio fundamental de las finanzas públicas, pero ninguno de estos casos se aplicaba a la realidad.
Conforme al marco constitucional irlandés, de acuerdo con la sentencia, las disposiciones retroactivas del proyecto de ley examinado fueron eliminadas. Es más, según fuentes gubernamentales, la decisión de la Corte Suprema significaba que el estado podía tener que enfrentar reclamos de entre 500 millones y 1.200 millones de euros.
La Ley de (Sistema de Repago de) Salud de 2006 (Health (Repayment Scheme) Act) fue la respuesta legislativa a la sentencia destinada a reembolsar a quienes habían debido pagar los servicios de salud injustamente. No parece existir ninguna sentencia en la que personas afectadas hayan presentado demandas basándose en la decisión de la Corte Suprema. El único caso (Maher c. Health Repayments Scheme Appeal Office [2013] IEHC 344) se relaciona con la situación de un demandante bajo el Sistema de Repago. Según el Departamento de Salud, se recibieron 35.417 solicitudes bajo dicho sistema y 19.809 solicitantes recibieron un reembolso; el monto total reembolsado asciende a 448.700.000 euros. Varios casos complejos todavía están pendientes de resolución. (Entrevista por correo electrónico con el Dr. David Fennelly, profesor asistente, Trinity College, Dublin, School of Law, julio de 2015)
La principal importancia del caso fue el reconocimiento de la Corte de que, bajo ciertas circunstancias, la Constitución puede imponer la obligación sobre el estado de proporcionar a individuos cuidados y servicios esenciales. Asimismo, teniendo en cuenta la usual deferencia que muestra la Corte Suprema de Irlanda frente a la legislatura, este caso es importante, porque la Corte declaró que la legislación en parte no era constitucional, sin perjuicio del hecho de que tal conclusión le costaría al estado unos 500 millones de euros. Por otro lado, este caso se apartó de la anterior tendencia de la Corte a rechazar el reconocimiento judicial de los derechos socioeconómicos implícitos y mostró que la Corte puede llegar a ver un papel para los tribunales en la realización de los derechos socioeconómicos implícitos.
(Actualizado en agosto de 2015)
