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Martes, Enero 31, 2017
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Naturaleza del caso

Este caso de la Corte Constitucional se centró en el control judicial de las prácticas de cobro de deudas empleadas en Sudáfrica por compañías de préstamos contra trabajadores de bajos ingresos. La Corte modificó el texto de legislación pertinente para asegurar que no se pudieran emitir órdenes de deducción de pagos de salarios de personas que incumplían cuotas de préstamos pequeños sin un control judicial adecuado. En particular, no se podía emitir una orden de este tipo sin que un magistrado (no solo el secretario de un tribunal) la haya autorizado tras constatar que la orden era justa y equitativa, y adecuada considerando las circunstancias financieras del deudor.

Aplicación de la decisión y resultados

Aunque las órdenes de embargo salarial emitidas contra los solicitantes fueron rechazadas como inválidas, la orden de la Corte referida a la Ley MCA no se aplica en forma retrospectiva a otras OES vigentes. Por ello, la decisión no se refiere a la validez de las deudas judiciales subyacentes. Es necesario que cada caso sea evaluado según sus propios méritos. Sin embargo, la orden asegura que los proveedores de crédito ya no podrán solicitar OES en jurisdicciones inadecuadas o de secretarios judiciales. Las OES no se podrán emitir sin que un juez las haya autorizado tras considerar las circunstancias del deudor.

Relevancia del caso

En Sudáfrica, las deudas incobrables y las OES resultantes han dado lugar a una gran industria de la cobranza que afecta las vidas de millones de personas en todas las regiones del país. Durante 2007, Summit Financial Partners auditó 70.000 de 1,75 millones de OES y detectó abusos por “…más de mil millones de rand que se deducen de [los ingresos de] prestatarios que ya padecen dificultades y que terminan en los bolsillos de prestadores inescrupulosos”. (SJH van der Merwe, Failure to discharge: A discussion of the insufficient legal recourse afforded to judgment debtors in the South African context, 2008, http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/79636) En este caso, documentos judiciales demostraron que (a partir de junio de 2013) la industria de los préstamos comerciales de Sudáfrica asistió a 20 millones de consumidores de créditos de una población de 52 millones.

Law Clinic inició la demanda en el marco de más de 10 años de intervenciones ad hoc e investigaciones concluyentes que confirman el uso desenfrenado de OES. (Theo Broodryk, Coordinador de la Clínica Jurídica de Stellenbosch University, correo electrónico a Alexis Ekert, enviado en 16 de febrero de 2017) Probablemente sea imposible llegar a medir el impacto social y económico integral de las cobranzas ilegales sobre las vidas de los deudores y sus familias. Debido al estigma asociado a las deudas, la mayoría de las personas soportan la carga en silencio, avergonzadas. Sin embargo, las personas llegan a esta situación no solo por su propia irresponsabilidad, sino debido a una combinación de factores, que suelen incluir la publicidad y el marketing agresivos, el otorgamiento de préstamos sin control, una industria del crédito previamente desregulada, la falta de políticas y leyes apropiadas referidas a los créditos, desventajas históricas, la falta de educación del consumidor y la desesperación por satisfacer necesidades básicas como la alimentación y la vestimenta. (Theo Broodryk, Coordinador de la Clínica Jurídica de Stellenbosch University, correo electrónico a Alexis Ekert, enviado en 16 de febrero de 2017)

En el marco de prácticas generalizadas de cobro de deudas que ejercen una gran presión económica y de otra índole sobre trabajadores vulnerables de bajos ingresos, esta decisión constituye una confirmación importante de que el acceso a la justicia requiere, entre otras medidas, un control judicial adecuado que considere las circunstancias particulares de cada caso.

(Actualizado en 30 de enero de 2017)

Grupos involucrados en el caso

University of Stellenbosch Legal Aid Clinic, Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica

Ruling