Se considera que las normas de cierre y de separación familiar del alojamiento temporal de emergencia perteneciente a la ciudad de Johannesburgo vulneran los derechos constitucionales a la dignidad, la privacidad, la libertad y la seguridad de las personas.
La Corte ordenó que la ciudad y MES corriesen con los costes del proceso judicial y dejasen de aplicar las normas de cierre y de separación familiar a lo largo de toda su estancia en el centro de acogida.
La sentencia supone el reconocimiento de la interdependencia y de la indivisibilidad de todos los derechos y establece estándares de vivienda que afectan a unas 60 000 personas que viven en el centro de Johannesburgo y que necesitan alojamientos mejores y más seguros. El resultado probablemente tendrá un impacto positivo en las mujeres, los niños y las familias que viven en centros de acogida y que ven amenazados sus derechos a la privacidad, la dignidad, la vida familiar, la libertad y la seguridad en relación con la vivienda. Nomzamo Zondo, abogado y director de litigio de Socio-Economic Rights Institute of South Africa (SERI), declaró lo siguiente acerca del caso: «La ciudad ha tratado siempre a nuestros clientes como seres inferiores a los humanos. [...] Esperamos que la sentencia de hoy lleve a un cambio de actitud respecto a las personas pobres y vulnerables del centro de Johannesburgo y que la ciudad [...] comience a tratarlas con el cuidado, el respeto y el interés que merecen».
Agradecemos especialmente las contribuciones de los siguientes miembros de la Red-DESC: Socio-Economic Rights Institute of South Africa (SERI) y the Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) de la Northeastern University.
Socio-Economic Rights Institute of South Africa (SERI) (Defensa del caso) [Miembro]
Centre for Applied Legal Studies (CALS) [Miembro]
Centre for Child Law (CCL)
