Naturaleza del caso
En 2004, la Corte Constitucional de Colombia falló en el caso T-025, donde declaró un estado de cosas inconstitucional respecto de la situación de millones de desplazados internos (PDI) debido al conflicto armado del país. La situación inconstitucional se debió a las violaciones masivas de derechos humanos asociadas con fallas sistémicas en la salvaguardia de los desplazados internos por parte del Estado. Para poner fin al estado de cosas inconstitucional, la Corte estableció una estructura de seguimiento que consistió en dos tipos: (1) procedimientos especiales para evaluar los progresos realizados por diversos organismos estatales, en los cuales los organismos estaban obligados a presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de las órdenes de la Corte; y (2) autos de seguimiento, materiales escritos adicionales de la Corte que ampliaban y aclaraban las órdenes de la Corte en T-025, con un enfoque específico en los grupos de personas en mayor vulnerabilidad y afectados desproporcionadamente por el conflicto armado interno. Este Auto aclara los deberes del gobierno nacional respecto de la asistencia disponible a la población desplazada durante la pandemia de COVID-19, en vista de que esta población continúa experimentando impactos desproporcionados en el disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales.