Summary
El 6 de enero de 2011, el campesino Ruben Portillo murió camino al hospital tras sufrir fiebre y náusea severa supuestamente debido a la ingesta de agroquímicos (pesticidas e insecticidas). Otros veintidós miembros de la Colonia Yeruticreadaen (“Colonia”), del distrito de Curuguaty de Paraguay, sufrieron síntomas similares al mismo tiempo. El 13 de enero de 2011, un grupo de agricultores, también residentes, presentó una denuncia penal ante el fiscal general de Paraguay aduciendo que los agricultores soja de gran escala cuyas tierras son vecinas a la Colonia habían usado agroquímicos en violación de normas ambientales y habían causado las enfermedades y la muerte del Sr. Portillo. Los agricultores también presentaron un recurso de amparo denunciando violaciones de derechos constitucionales, aduciendo que el uso de agroquímicos también violaba sus derechos a la vida, a un medio ambiente saludable, y a alimentación, agua, salud y calidad de vida adecuadas.
En la Colonia viven pequeños agricultores dedicados a la agricultura campesina para su propio consumo y venta. Desde 2005, las tierras que rodean la Colonia han visto parte de la mayor expansión de la agroindustria del Paraguay, que se dedica principalmente al cultivo de soja modificada genéticamente, el cual requiere de la fumigación intensiva de agroquímicos. Las leyes de Paraguay exigen que los agricultores que utilizan pesticidas establezcan zonas de protección alrededor de las granjas vecinas y las fuentes de agua, estándares que las agroempresas no cumplieron. Los agricultores de la Colonia denunciaron haber experimentado una amplia gama de problemas de salud, incluyendo dolor de cabeza, fiebre, problemas estomacales y lesiones cutáneas, desde la expansión de la producción de soja.
En respuesta a la denuncia penal, el Tribunal Penal del Distrito de Curuguaty llevó a cabo una investigación y designó potencialmente responsables a siete agricultores cuyos cultivos de soja son vecinos a la Colonia. Aunque la investigación reveló que un pozo en la casa de un agricultor contenía agroquímicos prohibidos, en última instancia las acusaciones penales contra los siete agricultores fueron desechadas. Nunca se realizó una autopsia y las pruebas de sangre y orina de los agricultores afectados nunca se incorporaron al expediente penal. Asimismo, los propietarios y administradores de las dos granjas de soja más cercanas a las personas afectadas no fueron acusados penalmente, aunque la investigación reveló que no habían cumplido con las normas ambientales y habían aplicado agroquímicos sin asesoramiento técnico adecuado. En 2017, cuatro de las personas acusadas originalmente volvieron a ser acusadas.
El recurso constitucional fue devuelto al Tribunal Penal de Curuguaty, que concluyó que el Ministerio de Medio Ambiente y Calidad de Semillas y Plantas Naciones y Servicio de Salud no exigía adecuadamente el cumplimiento de las normas ambientales, lo que podía tener serias consecuencias para la salud de los residentes de la Colonia. De acuerdo con los autores del caso internacional, a pesar de este fallo judicial local, las fumigaciones continuaron con impunidad.
En su petición de 2013 ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los autores adujeron que Paraguay violaba sus derechos bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) a la vida, la integridad física y una vida digna al no exigir el cumplimiento de los controles ambientales sobre las fumigaciones. Asimismo, sostuvieron que su derecho a la protección contra la interferencia arbitraria e ilegal de su privacidad, familia y domicilio, bajo el artículo 17 del tratado, abarcaba la protección contra la intrusión de la contaminación ambiental por parte de terceros. Finalmente, denunciaron la falta de un recurso efectivo, señalando fallas en la investigación como retrasos, rechazo de incorporar pruebas críticas y la falta de enjuiciamiento contra ciertos propietarios de grandes empresas agropecuarias.
El Estado paraguayo sostuvo que el PIDCP no protege el derecho a un medio ambiente saludable, por lo que el caso no era admisible. El Comité afirmó que los agricultores no aducían una violación de un derecho a un medio ambiente saludable, sino que reclamaban derechos enumerados bajo el PIDCP y, por ello, los reclamos eran admisibles.
El Comité revisó las réplicas de Paraguay a las acusaciones concretas de los agricultores. Paraguay argumentaba que no había suficientes pruebas de que la muerte de Portillo y otras enfermedades hubieran sido causadas por el uso de agroquímicos. Sin embargo, el Comité observó que la investigación penal revelaba la presencia de agroquímicos prohibidos en un pozo utilizado para extraer agua potable. Además, Paraguay no había realizado una autopsia de los restos del Sr. Portillo, ni había incorporado muestras de sangre y orina en el expediente penal. El Estado nunca había proporcionado pruebas que muestren que la sangre y la orina de los residentes contenían niveles normales de los químicos. En ausencia de pruebas de lo contrario, el Comité sostuvo que podía considerar que las acusaciones de los autores estaban bien fundadas. El Comité también mencionó la amplia documentación existente del peligro que el uso de agroquímicos representa para la vida humana.
El Comité concluyó que Paraguay violaba el derecho a la vida, haciendo referencia a “su Observación General Nro. 36, en la que ha establecido que el derecho a la vida también afecta el derecho de los individuos a disfrutar de una vida digna y a estar libres de actos u omisiones que causen su muerte no natural o prematura”. Explicó que los Estados deben adoptar medidas positivas para confrontar las condiciones sociales que pueden amenazar la vida, incluyendo la contaminación ambiental, incluso si todavía no han causado muertes. En este caso, las fumigaciones constituían amenazas razonablemente previsibles contra la vida. Las fumigaciones amenazaban las fuentes de agua, los cultivos y los animales que los granjeros utilizaban como fuentes de sustento. Asimismo, Paraguay persistía en no frenar las fumigaciones a pesar de que múltiples entidades estatales habían reconocido su efecto perjudicial y la omisión de las autoridades de controlarlas.
El Comité razonó que Paraguay también violaba los derechos de los autores a la privacidad, la familia y el domicilio con arreglo al artículo 17. La intoxicación tenía repercusiones directas sobre los cultivos, los árboles frutales, los peces, el agua potable, la tierra y otros aspectos de sus vidas. Debido a que estos agricultores dependen de su tierra para su subsistencia, su tierra y alrededores inmediatos recaen bajo las protecciones de la privacidad y el domicilio previstas en el artículo 17. Finalmente, las protecciones del artículo 17 no se limitan a la protección contra la intrusión. Los Estados también deben respetar el derecho contra amenazas razonablemente previsibles. Como afirmó el Comité, “[c]uando la polución tiene repercusiones directas sobre el derecho a la vida privada y familiar y el domicilio, y las consecuencias adversas de esa polución son graves debido a su intensidad o duración y el perjuicio físico o mental que origina, la degradación del medio ambiente puede afectar adversamente el bienestar de las personas y constituir una violación de la vida privada y familiar y el domicilio”.
Finalmente, debido a que Paraguay no había realizado una investigación adecuada, no había incorporado pruebas médicas, no había enjuiciado a ciertas partes, no había frenado las fumigaciones y no había implementado las conclusiones de los procesos judiciales nacionales, el Estado violaba los derechos de los autores a un recurso efectivo.