La Suprema Corte ordenó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) incluir los asentamientos informales en los censos oficiales del país para cumplir su función de proporcionar datos sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La sentencia subraya de manera específica la repercusión que tiene la ausencia de censo en la protección del derecho a una vivienda digna de residentes de asentamientos informales.
Techo se comunicó con el INEGI a fin de formular un plan de aplicación de la sentencia de la Corte.
Esta sentencia representa una decisión esencial que conecta la función de la inclusividad de datos con la plena realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Contar con datos representativos e inclusivos es la base sobre la que se diseñan, implementan, financian y monitorean las políticas públicas. Si personas y grupos no están representados en los datos, toda política o decisión basada en esos datos no podrá abordar los problemas específicos que enfrentan, excluyéndolos del disfrute igualitario de los derechos humanos. Por ello, la exclusión de los datos significa la exclusión de la realidad. La decisión de la Corte puede servir como ejemplo en otras jurisdicciones donde se libran luchas por la inclusividad de los datos basada en los derechos humanos.
Agradecemos especialmente el aporte del miembro de la Red-DESC:Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.