Naturaleza del caso
En 2016, el Ministerio de Educación Básica de Sudáfrica emitió una circular anunciando que los niños y niñas que no pudieran presentar certificados de nacimiento no podrían asistir a escuelas públicas. La circular buscaba excluir de la escuela a miles de niños y niñas; de hecho, comenzó a tener el efecto de que algunos fueron retirados de la escuela o se les negó el acceso en el momento de la inscripción. Como consecuencia, 37 niños y niñas, que fueron solo algunos de los iniciadores de esta causa, presentaron una demanda contra el Ministerio de Educación Básica. Afirmaron que su derecho constitucional a la educación básica era violado por la circular, así como por la Política de Admisión a Escuelas Públicas Normales y la Ley de Inmigración 13 de 2002, y solicitaron reparación declaratoria que declarara inválida la Política de Admisión y la Ley de Inmigración. En última instancia, el tribunal sostuvo que las disposiciones denunciadas de la Política de Admisión y la Ley de Inmigración 13 de 2002 eran inconstitucionales y ordenó a los demandados aceptar pruebas de identidad alternativas cuando los alumnos no pudieran presentar certificados de nacimiento o pruebas de permiso de estudio. El tribunal razonó que negarles a los menores indocumentados el acceso a la educación no era coherente con la Constitución, que prevé los derechos a la igualdad, la dignidad y la educación básica, y declara que los intereses de los niños y niñas son de suma importancia. Además, el tribunal determinó que la Ley de Inmigración se aplica solo a adultos que buscan educación superior y, por ello, no interfiere con el derecho de niños y niñas a la educación básica.