Aplicación de la decisión y resultados
A fin de supervisar el cumplimiento de las medidas provisionales, la Corte solicitó informes periódicos del Estado de Panamá sobre las respectivas medidas adoptadas. También realizó audiencias públicas y visitas in situ, y emitió dos resoluciones: una en 2021, en la que decidió extender las medidas provisionales a favor de las personas detenidas en el centro de detención de inmigrantes de San Vicente y en la comunidad receptora de Bajo Chiquito; y otra en 2022, en la que decidió eliminar las medidas provisionales.
Como consecuencia de las medidas provisionales, en septiembre de 2020, el Estado inauguró el Centro de Detención de Migrantes San Vicente, el cual presenta mejores condiciones que las que existían anteriormente. Asimismo, el 28 de enero de 2021, el Estado cerró el Centro de Detención de Migrantes La Peñita, donde las personas eran detenidas bajo las peores condiciones.
En su Resolución de 2022, la Corte consideró que el Estado adoptaba una serie de medidas que, aunque no resolvían los problemas respecto de los derechos humanos de los migrantes (particularmente en relación con las mujeres, niños y niñas), sí contribuían, junto con la evolución de la pandemia, al hecho de que la situación de gravedad extrema y urgencia por la que se habían adoptado las medidas provisionales dejara de existir. La Corte también estableció que continuaría haciendo un seguimiento de estos problemas por medio de su mecanismo de seguimiento de sentencias en el caso Vélez Loor.