El carácter de investigación de este informe y su amplio alcance lo convierten más en un documento de análisis que en una herramienta de adjudicación. El informe reúne y organiza información esencial que sienta las bases para los defensores tanto de la esfera legal (litigios) como de círculos de acción directa (campañas) para lograr que las grandes empresas de combustibles fósiles y emisoras de carbono asuman su responsabilidad.
Uno de los mayores logros de la Investigación Nacional sobre el Cambio Climático fue su enfoque centrado en la gente. Siguiendo el modelo de las comisiones de la verdad y los tribunales populares, la Comisión logró centrarse en las experiencias y voces de quienes se han visto más afectados por el cambio climático. Como afirmó uno de los testigos que declararon ante la Comisión: “Nuestras experiencias fueron reconocidas y validadas aunque no seamos expertos en la ciencia del clima, pero como miembros de las comunidades de la primera línea que han sufrido los efectos negativos del cambio climático como consecuencia de la continuación del negocio de los combustibles fósiles”.
En segundo lugar, el informe final sirve como herramienta clave en la resistencia contra la captura corporativa de la política del clima. El informe expuso y documentó prolijamente la insidiosa campaña de las grandes empresas de combustibles fósiles y emisoras de carbono para negar los efectos devastadores que sus actividades tenían sobre el clima y, por consiguiente, sobre la gente. Este resumen consolidado y completo de cómo las empresas han capturado espacios gubernamentales y otros órganos de toma de decisiones (para no mencionar el relato público referido al cambio climático) constituye una base sólida en la que respaldarse a la hora de resistir otros intentos de las empresas de continuar tergiversando su papel en la crisis del clima, por ejemplo, por medio de la promoción de soluciones falsas y el llamado “greenwashing”.
En tercer lugar, el informe proporciona un camino para que las Filipinas, y todos los Estados, fortalezcan sus obligaciones relacionadas con los derechos humanos regulando las actividades de las empresas dentro de sus fronteras y también en el ámbito extraterritorial. El carácter transnacional de las grandes empresas de combustibles fósiles, como se presenta en el informe de la Comisión, destaca la necesidad de que los Estados “utilicen su influencia en los foros de política internacional para crear un entorno favorable a la realización de los derechos humanos”. Esto incluye la incorporación de acuerdos y estándares internacionales en marcos legales nacionales para impedir que los Estados permitan o respalden prácticas ambientales peligrosas por parte de las empresas.
Dado que Filipinas es el quinto país más afectado por el cambio climático según el Índice de Riesgo Climático Global, la realización de esta investigación y el marco al que dio lugar podrían alentar a otros Estados que se encuentran en una posición similar a llevar a cabo sus propias investigaciones.
Second, the final report serves as a key tool in resisting corporate capture of climate policy. The report exposed and neatly documented the insidious campaign by carbon majors and fossil fuel companies to deny the devastating impacts that their activities were having on the climate, and thus, on people. Having this consolidated and thorough account of how corporations have captured government spaces and other decision-making bodies, not to mention the public narrative around climate change, provides a solid foundation on which to rely on to resist further attempts by corporations to continue obfuscating their role in the climate crisis, for instance through the promotion of false solutions and greenwashing.
Third, the report provides a pathway for the Philippines, and all States, to strengthen its human rights obligations by regulating the activities of corporations within its borders but also extraterritorially. The transnational nature of the carbon majors, as presented in the Commission’s report, highlights the need for states to “use their influence in international policy fora to create an enabling environment for the realization of human rights.” This includes the incorporation of international agreements and standards into domestic legal frameworks which prevents States from allowing or supporting environmentally-dangerous practices by corporations.
Since the Philippines is the fifth most climate change affected country according to the Global Climate Risk Index, the holding of this investigation and the framework that it created might propel other states who are similarly positioned to the Philippines to host their own investigations.