Summary
El caso fue presentado originalmente ante el Tribunal Superior de Nairobi por POM en 2013, tras el fin de una convivencia de 25 años con MNK. Después de la separación, POM alegó que había sido desalojado del hogar, e invocó la Ley de Bienes de la Mujer Casada, artículo 17, en una demanda de división de los bienes matrimoniales. POM alegó que su cohabitación dio lugar a la compra de una propiedad matrimonial que se registró únicamente a nombre de MNK debido al conflicto con la tribu kikuyu, que no quería que la venta se realizara a favor de POM. El Tribunal Superior desestimó la demanda y sostuvo que la presunción de matrimonio era inaplicable dadas las circunstancias, puesto que MNK ya estaba casada con otra persona. A falta de matrimonio, POM no podía invocar las disposiciones de la MWPA.
El Tribunal de Apelación declaró entonces que el Tribunal Superior se había equivocado al declarar la existencia de un matrimonio anterior, y ordenó que los bienes matrimoniales en cuestión se dividieran en dos mitades iguales. MNK interpuso entonces este recurso ante la Corte Suprema, en el que alegó que las partes de un matrimonio deben tener capacidad para contraer matrimonio, y que ella no la tenía, ya que había contraído matrimonio anteriormente y tenía hijos. MNK también alegó que una relación de larga duración no era un matrimonio, y que ella era la única que había contribuido a la propiedad en cuestión.
La Corte Suprema determinó dos cuestiones clave. La primera fue que la MWPA era aplicable porque no entraba en detalles sobre cómo surgió o cómo se contrajo el matrimonio. Así, la corte sostuvo que las partes de una unión no reconocida por la ley podían presentar una demanda de este tipo. La segunda exigía que la corte determinara la situación jurídica de la relación. No estuvo de acuerdo con POM en que la larga cohabitación equivalía a un matrimonio, pero también determinó que no se trataba de un caso en el que un tribunal pudiera presumir adecuadamente un matrimonio. La corte detalló los estrictos parámetros dentro de los cuales se podía hacer una presunción de matrimonio, incluyendo la duración de la cohabitación, la intención de casarse, la capacidad legal y el derecho a casarse, y el consentimiento. Dado que MNK había estado casada con KM, la parte externa, hasta su fallecimiento en 2011, la corte concluyó que MNK no estaba en condiciones de casarse y, por ello, no se aplicaba la doctrina de la presunción de matrimonio. Procedió a cuantificar el usufructo de las partes basándose en la aportación económica directa del bien objeto de la demanda, al tiempo que reconocía otras formas de aportación no dineraria como se vio en el caso MW vs. AN. Además de la decisión jurídica, la corte ordenó al poder legislativo que desarrollara un marco legislativo y un estatuto para abordar estas relaciones de largo plazo en el futuro.
