Resumen
Los “ocupantes” se ganan la vida como recolectores de residuos (waste pickers), recuperando materiales reciclables de zonas industriales, transportándolos en carretillas, y clasificando, limpiando y almacenando dichos materiales en grandes bolsas industriales que posteriormente venden a empresas de reciclaje. Esta actividad constituye su única fuente de ingresos y deben vivir cerca de las zonas industriales para poder ganarse la vida. Los ocupantes habían construido viviendas precarias dentro de la finca Randjiesfontein, propiedad de Rycloff-Bellegings Ltd. Debido a que las viviendas construidas por los ocupantes obstaculizaban el desarrollo proyectado por Rycloff en una propiedad adyacente, la empresa presentó una solicitud de desalojo contra los ocupantes el 22 de mayo de 2019.
Tras tres años de litigio y disputas acerca de cuál sería un lugar adecuado para la reubicación de los ocupantes, la Ciudad identificó áreas específicas como sitio de reubicación aceptable para todas las partes. Sin embargo, la Ciudad impuso una condición según la cual los ocupantes no podrían realizar actividades de recolección y recuperación de residuos, a lo que los ocupantes se opusieron. La División Gauteng del Tribunal Superior dictó una orden de desalojo contra los ocupantes, disponiendo que la Ciudad proporcionara alojamiento temporal de emergencia para los ocupantes a más tardar el 4 de marzo de 2023, sujeto a ciertas condiciones, entre ellas que el terreno elegido por la Ciudad fuera un lugar donde los ocupantes pudieran vivir durante la noche, clasificar legal y de manera segura los residuos recuperados, y desde donde pudieran razonablemente desplazarse durante el día para utilizar sus carretillas de manera legal y segura para recolectar residuos. La apelación de la Ciudad se centró en la condición impuesta por el Tribunal Superior que permitía a los recolectores de residuos continuar desarrollando sus actividades.
La cuestión examinada por la Corte Suprema de Apelaciones fue si un tribunal que ordena un desalojo debe considerar, como parte del análisis de justicia y equidad, el “derecho a ganarse la vida” de la persona ocupante. La Corte desestimó la apelación de la Ciudad, resolviendo que el derecho de una persona ocupante a ganarse la vida es un factor que debe ser considerado en un procedimiento de desalojo. La Corte concluyó: (I) que la Ciudad había interpretado erróneamente a los ocupantes como recicladores, cuando en realidad son recuperadores de residuos que recolectan y venden materiales de desecho a recicladores (lo que sitúa su actividad dentro del ámbito de aplicación de la Ley PIE); (II) que la zonificación municipal de las áreas a las que fueron reubicados los ocupantes no prohíbe las actividades de recolección y recuperación de residuos; y (III) que la condición impuesta por la Ciudad que prohíbe dichas actividades carece de respaldo en cualquier ley o política pública y, por lo tanto, es arbitraria e irrazonable.
