Enforcement of the Decision and Outcomes
A nivel interno, el caso Finch ya ha tenido un impacto significativo. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, el Secretario de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local reconoció que la autorización de una controvertida mina de carbón en Whitehaven, Cumbria, había sido jurídicamente defectuosa y aceptó las impugnaciones judiciales contra dicha autorización. Reconoció además que el error era grave y que había privado al público de su derecho a acceder a información sobre los impactos climáticos del proyecto y de su derecho a participar adecuadamente en el proceso de toma de decisiones.
Posteriormente, la empresa minera fracasó en su intento de defender la autorización, a pesar de que el Secretario de Estado ya había desistido de sostenerla. El gobierno realizó una concesión similar en un caso relativo a una solicitud para desarrollar un proyecto de perforación petrolera en Biscathorpe, Lincolnshire.
Luego, en enero de 2025, la Court of Session de Escocia resolvió que las autorizaciones otorgadas para dos nuevos yacimientos de petróleo y gas (Rosebank y Jackdaw) habían sido concedidas ilegalmente y exigió una evaluación más detallada de sus impactos ambientales, incluyendo los efectos climáticos derivados de la quema de los combustibles fósiles extraídos.
El 19 de junio de 2025, y a la luz de la decisión del Tribunal Supremo en Finch, el gobierno emitió nuevas directrices ambientales sobre cómo deben evaluarse los impactos ambientales globales de proyectos petroleros y gasíferos marinos en campos ya concesionados, con el objetivo de asegurar que los efectos completos de la extracción de combustibles fósiles sean considerados en los procesos de autorización.
