El Tribunal Constitucional de Sudáfrica confirmó que, si una persona demandante se encuentra mentalmente incapacitada, su reclamación continúa estando exenta del plazo de prescripción hasta un año después de que cese dicha incapacidad. El nombramiento de un curador no elimina esta protección.
La ley de prescripción de Sudáfrica establece plazos temporales para el ejercicio de acciones legales. Sin embargo, el artículo 13(1) de dicha ley dispone que las reclamaciones de personas mentalmente incapacitadas no prescriben —es decir, no quedan excluidas por el transcurso del tiempo— hasta un año después de que la persona se recupere de su incapacidad.
La Sra. Nolunga Mkhwanazi, empacadora de la empresa Shoprite Checkers, quedó permanentemente incapacitada mentalmente tras sufrir un grave accidente laboral. Su curador presentó una demanda por daños personales en su nombre más de un año después de haber sido designado para administrar sus asuntos. La parte demandada alegó que, una vez nombrado el curador, la Sra. Mkhwanazi ya no podía considerarse mentalmente incapacitada a efectos de la ley de prescripción y que, por tanto, su reclamación había prescrito.
El Tribunal rechazó el argumento de la parte demandada, determinando que la ley tiene como finalidad equilibrar la protección de los demandados frente a reclamaciones excesivamente tardías con la salvaguarda de demandantes vulnerables cuya incapacidad puede hacerlos “menos propensos a luchar, o capaces de luchar, por su propia protección”. Aunque la Sra. Mkhwanazi pudiera estar en mejores condiciones para buscar justicia con la asistencia de un curador, sigue siendo una persona vulnerable que requiere la protección de la ley de prescripción. En consecuencia, el Tribunal concluyó que la protección prevista en el artículo 13(1) solo finaliza cuando cesa la incapacidad mental.
A la fecha de este resumen, el curador se encuentra buscando financiación para obtener informes médicos periciales actualizados a fin de avanzar hacia el juicio.
Este caso refuerza las protecciones para las personas que enfrentan dificultades para interponer reclamaciones de manera independiente, garantizando que no sean penalizadas por retrasos procesales o por la necesidad de contar con una curaduría al reclamar indemnizaciones. La sentencia promueve un sistema jurídico más justo y equitativo en Sudáfrica, al equilibrar los requisitos legales con las necesidades de quienes precisan apoyo adicional para acceder a la justicia.
