Por: Thuto Gabaphethe y Lulama Madyaka

El 12 de febrero de 2026, el presidente Cyril Ramaphosa pronunció el Discurso sobre el Estado de la Nación (SONA, por sus siglas en inglés), una intervención anual ante el Parlamento en la que se presentan las prioridades, los logros y la agenda de gobierno. Este espacio, clave para la rendición de cuentas y la definición de la dirección política, incluyó poca o ninguna reflexión sobre la situación de la reforma agraria, lo que hace especialmente significativo tanto lo que se menciona como lo que se omite.

Esto ocurre a pesar de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno para 2030 en materia de reforma agraria, que incluyen alinear las metas de transferencia de tierras con las realidades fiscales y económicas para garantizar que la tierra sea efectivamente transferida.

Aunque la Ley de Expropiación fue aprobada en 2025 para permitir al gobierno adquirir tierras con fines públicos, incluida la reforma agraria, la expropiación es solo una parte del proyecto de reforma agraria necesario para la transferencia efectiva de tierras a la mayoría negra.

A diferencia del discurso presidencial de 2026, el documento del Congreso Nacional Africano (ANC, partido político gobernante en Sudáfrica y actor central en la lucha contra el apartheid) de 1992, Ready to Govern, sí reflexiona sobre el estado de la reforma agraria en ese momento e identifica intervenciones legislativas y de política agrícola específicas centradas en tres ejes: restitución de tierras, redistribución y seguridad de la tenencia de la tierra.

En marzo de 2025, el Departamento de Monitoreo y Evaluación de la Presidencia publicó un informe diagnóstico para determinar las causas del fracaso de los proyectos de reforma agraria. Según su propio reconocimiento, la agenda de reforma agraria del gobierno avanzaba con dificultad y sus metas estaban en duda. Por ello, resulta extraño que una evaluación del estado de la nación, a cuatro años del objetivo del Plan Nacional de Desarrollo para 2030, no aborde las preocupaciones planteadas en ese informe.

Impugnada en los tribunales

Es sabido que la Ley de Expropiación está siendo impugnada en los tribunales por diversos grupos e individuos, entre ellos la Alianza Democrática y AfriForum. Mientras este litigio continúa, la Fundación Nelson Mandela también ha iniciado su propia acción judicial contra el gobierno por no garantizar el acceso equitativo a la tierra conforme a la sección 25(5) de la Constitución.

El Centro de Estudios Jurídicos Aplicados (CALS) ha solicitado permiso para intervenir en ese proceso como amicus curiae, en su calidad de miembro de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC). La intervención del centro se basará en tres áreas principales:

1. Las dimensiones de género e interseccionales del despojo de tierras.
2. El derecho comparado y extranjero sobre la protección de los derechos constitucionales.
3. Principios de reparación para abordar las desigualdades estructurales y la equidad de género.

La Fundación Nelson Mandela informó en diciembre de 2025 que tanto el comité parlamentario correspondiente como el Departamento de Reforma Agraria habían tomado nota del litigio y se encontraban en proceso de finalizar el proyecto de ley propuesto sobre el acceso equitativo a la tierra.

Estos son avances importantes en el proceso de reforma agraria, especialmente a la luz de la observación del informe diagnóstico de que, a pesar de los esfuerzos del gobierno en la economía rural, desafíos como la “desigualdad, el desplazamiento de habitantes rurales y la exclusión de pequeños y nuevos productores de los mercados formales” socavan dichos esfuerzos. La acción judicial y el proyecto de ley resultante podrían abordar la cuestión del acceso y, por tanto, reducir el desplazamiento.

Por supuesto, el presidente no puede abordar todas las intervenciones de política pública en el SONA. Sin embargo, la reforma agraria, que algunos consideran central para la transformación estructural de Sudáfrica, merecía al menos alguna mención, aunque fuera para visibilizar sus avances o limitaciones.

Es bien sabido que miles de personas negras fueron forzadas al trabajo agrícola como consecuencia directa del colonialismo y el apartheid, especialmente tras la Ley de Tierras Nativas de 1913. Fueron despojadas de sus tierras y privadas de la posibilidad de cultivar para su subsistencia.

Al restringir a la población negra a una pequeña porción del territorio del país, esta ley destruyó deliberadamente la autosuficiencia y dejó a las personas con pocas opciones más que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. El trabajo agrícola dejó de ser una elección y se convirtió en una necesidad para generar ingresos y sostener a las familias dentro de un sistema diseñado para beneficiar a los propietarios blancos.

Panorama actual

Esta es la realidad en la que se inscribe la reforma agraria, en el marco de decisiones económicas y políticas legislativas. Una de estas decisiones fue la Ley de Extensión de la Seguridad de la Tenencia, que fue introducida para brindar protección a quienes habitan y trabajan en fincas frente a desalojos arbitrarios e ilegales.

Debido a la naturaleza remota y aislada de muchas explotaciones agrícolas comerciales, numerosos trabajadores se vieron obligados a trasladarse y vivir en las fincas donde trabajaban. Con el tiempo, familias enteras se establecieron en estas tierras y desarrollaron un fuerte arraigo, a menudo durante generaciones. Sin embargo, a pesar de su trabajo y contribución, los trabajadores agrícolas y sus familias nunca obtuvieron la propiedad de las viviendas que ocupaban, sino únicamente el derecho a residir en ellas.

Su derecho a permanecer en la tierra dependía por completo de la voluntad de los propietarios, lo que los dejaba permanentemente expuestos al desalojo ante cualquier conflicto, despido o cambio de propiedad. La Ley de Extensión de la Seguridad de la Tenencia busca abordar esta relación de poder regulando las condiciones en las que se produce un desalojo tras la terminación del derecho de residencia.

Uno de los logros de esta ley se observa en el caso de los arrendatarios agrícolas de Bushy Park Farms, en el Cabo Oriental, representados por el Centro de Estudios Jurídicos Aplicados (CALS).

Tras negociaciones en curso desde septiembre de 2020, una familia de ocupantes fue finalmente reubicada y, en enero de 2026, obtuvo el título de propiedad de una vivienda adquirida a costa del propietario de la finca, garantizando así la seguridad en la tenencia de la tierra. Como indica incluso el informe diagnóstico, los avances en la reforma agraria, junto con el reconocimiento de los desafíos estructurales, proporcionan una base sólida para la evolución continua de estas políticas.

Sin embargo, el silencio y la demora pueden interpretarse como desprecio. La acción judicial de la Fundación Nelson Mandela recuerda al Estado que la sección 25(5) de la Constitución impone una obligación positiva de adoptar medidas legislativas y de otro tipo razonables para fomentar condiciones que permitan a la ciudadanía acceder de manera equitativa a la tierra, y que este derecho correlativo no es solo simbólico, sino también exigible.

Las tres presentaciones que realizará el Centro de Estudios Jurídicos Aplicados (CALS) sostendrán este argumento al afirmar que la obligación del derecho internacional de erradicar las consecuencias del apartheid no es una obligación de conducta o de proceso, sino una obligación de resultado. Esto significa que, más allá de adoptar simplemente medidas, el gobierno debe cumplir con estándares sustantivos específicos para garantizar el acceso equitativo a la tierra conforme a la sección 25(5). Se trata de una obligación mucho más exigente que la de evaluar únicamente la razonabilidad de las medidas adoptadas a lo largo de los años.

Es necesario un análisis más profundo

Aunque el SONA abordó intervenciones urgentes en el sector agrícola, como la atención al brote de fiebre aftosa, es necesario un análisis más detallado y un seguimiento de las recomendaciones formuladas en el informe diagnóstico de diciembre de 2025.

Estas recomendaciones incluyen revisar las políticas de reforma agraria, fortalecer la rendición de cuentas en la gobernanza cooperativa a través del Consejo de Coordinación Presidencial y el Comité Interministerial de Reforma Agraria, así como priorizar informes de impacto más robustos en lugar de reportes cualitativos abstractos.

Estas recomendaciones son relevantes para el proceso de reforma agraria y podrían acelerar los esfuerzos por el acceso equitativo a la tierra sin comprometer los derechos de propiedad establecidos en la sección 25 de la Constitución, que a menudo han sido objeto de debate.

Thuto Gabaphethe y Lulama Madyaka forman parte del programa de Hogar, Tierra y Democracia Rural del Centro de Estudios Jurídicos Aplicados (CALS) de la Universidad de Witwatersrand.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Daily Maverick, un medio de comunicación independiente sudafricano, y puede consultarse en su sitio web.