Sudáfrica

En septiembre de 2011, los residentes del Asentamiento Informal Langaville (compuesto por más de mil quinientas familias y cuatro mil seiscientos residentes) representados por el Socio-Economic Rights Institute (SERI), pidieron una orden, que requiriera a la Municipalidad Metropolitana Ekurhelini proporcionar acceso suficiente al agua y servicios de saneamiento básico.

Aproximadamente 20.000 ocupantes del asentamiento informal Joe Slovo de Ciudad del Cabo apelaron a la Corte Constitucional para que dejara sin efecto una orden de desalojo dictada por el Tribunal Superior (High Court). El desalojo había sido solicitado por los Ministerios de Vivienda Nacionales y Provinciales, y por una empresa constructora de viviendas contratada para implementar el desarrollo de viviendas para familias de bajos ingresos en el lugar donde se encontraba emplazado el asentamiento informal.

La ciudad de Johannesburgo buscaba desalojar a hombres, mujeres y niños de dos edificios en el centro de la ciudad de Berea. Esta medida formaba parte de una política general de evacuación formulada bajo la Estrategia de Regeneración del Centro de la Ciudad de Johannesburgo, en la que los desalojos se llevaban a cabo de noche y sin aviso previo, conforme a leyes y disposiciones del régimen del Apartheid. La ciudad adujo que las condiciones de vida no eran higiénicas y creaban peligros de incendio, pero se negó a ofrecer a los ocupantes viviendas alternativas.