La Red-DESC, junto con las Feministas por el Tratado Vinculante, presentó una declaración conjunta en el marco del Artículo 2 (Propósito), estableciendo una posición clara:

Esto refleja la realidad de que comunidades en distintas regiones siguen enfrentando despojo de tierras, daños ambientales y violaciones y abusos de derechos humanos vinculados a la actividad empresarial, a menudo sin acceso a la justicia. El proceso del tratado se inició precisamente para responder a estas brechas estructurales en la rendición de cuentas.

A Ginebra acudieron en persona varias organizaciones integrantes de la Red-DESC, como FIAN International, Franciscans International, FIDH, la Comisión Internacional de Juristas y Observatori DESCA, junto con nuestras aliadas de la Campaña Global y la Treaty Alliance.

Sin embargo, la participación siguió siendo limitada de manera crítica. Las consultas se realizaron únicamente de forma presencial, lo que restringió el acceso de muchas organizaciones, y especialmente de las comunidades más directamente afectadas por violaciones y abusos empresariales. En un momento en que se están definiendo elementos clave del tratado, esto plantea preocupaciones sobre qué perspectivas influyen en el proceso. Esto refleja un desequilibrio más amplio en los espacios multilaterales, donde los procesos impulsados por el Sur Global a menudo carecen del apoyo político y financiero necesario para una participación significativa. Abordar esto es clave para garantizar que los resultados respondan a las comunidades.

Un proceso en tensión 

A lo largo de ambas sesiones, actores empresariales—en particular la Organización Internacional de Empleadores y el Consejo de Estados Unidos para los Negocios Internacionales—impulsaron una serie de argumentos orientados a reducir el alcance y la ambición del tratado.

Varios temas clave emergieron como centrales para la dirección de las negociaciones.

Uno de ellos es el encuadre de la influencia corporativa. Durante los debates sobre el Artículo 16.6, representantes empresariales argumentaron que las empresas deberían tener un “derecho a participar” en los procesos de toma de decisiones. Este planteamiento ha sido ampliamente cuestionado por la sociedad civil por considerarlo engañoso. Las corporaciones no son titulares de derechos humanos ni tienen un “derecho” a moldear espacios regulatorios de formas que afecten la rendición de cuentas. Presentarlo como una cuestión de inclusión corre el riesgo de legitimar la captura corporativa.

Otro punto se refiere a la naturaleza de las obligaciones empresariales. En el marco del Artículo 2, los actores corporativos se opusieron a la inclusión de obligaciones vinculantes, defendiendo, en su lugar, enfoques voluntarios. Esto refleja marcos existentes que no han logrado prevenir los abusos generalizados. Como se señaló en la declaración conjunta, el tratado representa:

El propósito del tratado también fue objeto de disputa. Algunas intervenciones propusieron desplazar el enfoque de la prevención de los abusos hacia su tratamiento una vez ocurridos. Para muchas comunidades afectadas, esta distinción es crucial, ya que la prevención ha sido una demanda central durante más de una década. Limitar el tratado a medidas reactivas debilitaría su ambición.

El alcance del tratado sigue siendo otro punto clave de debate. Representantes empresariales se opusieron a incluir las cadenas de valor, pese al papel que estas estructuras desempeñan en facilitar operaciones transnacionales y en diluir responsabilidades. Como se destaca en la declaración conjunta:

Abordar las cadenas de valor también implica ir más allá de las estructuras corporativas e incluir a actores financieros—como inversores, accionistas e instituciones —que puedan estar vinculados a o beneficiarse de actividades perjudiciales. Sin esto, la rendición de cuentas sigue siendo incompleta.

Por último, surgió resistencia a los mecanismos de cumplimiento. Actores empresariales argumentaron que establecer un órgano de monitoreo sería demasiado costoso, señalando las limitaciones financieras del sistema de la ONU. Sin embargo, sin mecanismos de implementación y cumplimiento, el tratado corre el riesgo de ser ineficaz. Desde la Red se ha enfatizado de manera consistente la necesidad de mecanismos sólidos, incluidas propuestas para ampliar los enfoques existentes de rendición de cuentas a nivel internacional.

Qué implica de cara al futuro

Las consultas intersesionales confirmaron que la dirección del tratado sigue en disputa. Los debates no son solo técnicos; reflejan desacuerdos más amplios sobre el papel de la regulación, los límites de la influencia corporativa y el nivel de rendición de cuentas necesario.

La declaración conjunta subrayó la importancia de mantener la ambición:

La próxima ronda de consultas, prevista para los días 28–29 de mayo, se centrará en el Artículo 1, el preámbulo y la dirección general del texto. Estas discusiones serán clave para marcar el tono de la siguiente fase de negociaciones.

Para las organizaciones de la sociedad civil, este es un momento para mantenerse involucradas: seguir de cerca los desarrollos, fortalecer posiciones en temas clave como el alcance y las cadenas de valor, y asegurar que las experiencias de las comunidades afectadas sigan en el centro del proceso.