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El COVID-19 ha revelado una crisis de salud pública de larga data que no es más que otro aspecto de una mayor crisis del modelo socioeconómico dominante. Este modelo abarca formas sistémicas de opresión, la mercantilización de la salud y el trabajo de cuidados, el debilitamiento de las protecciones sociales y la austeridad fiscal promovida por la lógica neoliberal, debilitando la realización de los derechos económicos y sociales.  Muchas respuestas de gobiernos no solo priorizan los intereses privados frente a los derechos humanos, sino que profundizan las desigualdades históricas y refuerzan formas de opresión entrecruzadas. Como lo destaca Fundación Promoción Humana, “no deberían ser las mujeres quienes terminan asumiendo las consecuencias de la crisis; esta debería ser una oportunidad para el cambio transformador en lugar de un escenario de regresión en el cumplimiento de los derechos de las mujeres.”

Mientras la pandemia del coronavirus pone de manifiesto y empeora las violaciones de derechos humanos en todo el mundo, la realización de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) traza el camino que debe recorrer cualquier respuesta legal y efectiva.