Del 23 al 27 de octubre, una delegación de la Red-DESC participó en las negociaciones para un tratado que aborde las violaciones y abusos de los derechos humanos por parte de las empresas. Estas negociaciones tuvieron lugar por noveno año consecutivo en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. El proceso, que enfrentó momentos de incertidumbre durante una semana desafiante, ha perseverado gracias a la determinación de algunos Estados del Sur Global, particularmente aquellos del grupo africano y algunos Estados latinoamericanos, junto con los esfuerzos concertados de la sociedad civil.
Desde su inicio, este proceso, lanzado a través de la Resolución 26/9, ha recibido un fuerte apoyo de los Estados del Sur Global, así como de movimientos sociales, comunidades afectadas por las actividades de las empresas y grupos feministas y de pueblos indígenas.
Mary Kambo, de Kenya Human Rights Commission, destacó el papel fundamental de la sociedad civil y afirmó: “Este es un proceso muy importante. Si la sociedad civil no estuviera presente, el comportamiento que hemos visto de los Estados, especialmente aquellos controlados por empresas, y también del presidente actual, que puede ser fácilmente influenciado por Estados y corporaciones poderosos, sería diferente. La presencia de la sociedad civil en la sala cambia el juego porque ahora todos saben que alguien está vigilando”.
Además, la presencia de lobbies y asociaciones empresariales, como la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Negocios Internacionales de Estados Unidos (USCIB), fue descrita por la Red-DESC como el “elefante en la sala”. Estos grupos han desempeñado un papel de influencia en el proceso y en los Estados del Norte Global, en particular en Estados Unidos y la Unión Europea, en sus esfuerzos por diluir y bloquear disposiciones clave relacionadas con la responsabilidad legal corporativa, la rendición de cuentas y las obligaciones extraterritoriales de los Estados para procesar a las empresas y actores responsables de violaciones y abusos.