Desde la Red-DESC expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo garífuna en Honduras, y en particular con la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), frente a la creciente violencia, criminalización y represión que enfrentan por defender la vida, el territorio y los derechos colectivos. Como red internacional de movimientos sociales, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, alzamos la voz junto a OFRANEH y exigimos justicia.
El pueblo garífuna lleva décadas enfrentando despojo territorial, racismo estructural y violencia sistemática por parte del Estado y actores privados. Sus comunidades, asentadas principalmente en la costa norte del país, defienden sus territorios ancestrales frente a proyectos turísticos, agroindustriales y extractivos que avanzan sin consulta previa, violando derechos reconocidos a nivel nacional e internacional.
En la madrugada del 12 de abril, Max Gil Castillo, joven garífuna de la comunidad de Punta Piedra, Iriona, Colón, fue secuestrado por hombres armados que se identificaron como policías. Fue sacado violentamente de su casa mientras dormía, en San Pedro Sula. Desde entonces, su paradero es desconocido, y las denuncias presentadas por su familia no han recibido ninguna respuesta por parte del Estado hondureño.
Max es hermano de Tomás Castillo, presidente del Patronato de Punta Piedra y reconocido dirigente en la lucha por la restitución del territorio ancestral. Su desaparición ocurrió días después de que comunidades garífunas se movilizaran en Tegucigalpa para denunciar la inoperancia de la Comisión de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI) y exigir la implementación efectiva de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
Este hecho no es aislado. Apenas unas horas después de conocerse la desaparición de Max, Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), denunció nuevas amenazas de muerte contra ella y otros miembros de la comunidad garífuna. En un audio difundido por Miranda, se escuchan amenazas directas que aluden al conflicto territorial en curso: “Los vamos a ir a sacar de sus casas para que ustedes rindan cuentas, los vamos a matar”, advierte una voz distorsionada.
Miriam ha sido blanco constante de hostigamientos. En noviembre de 2023, denunció que hombres armados rondaron su casa en la comunidad de Vallecito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas de protección, pero el Estado hondureño sigue sin garantizar su seguridad ni la del resto de la dirigencia garífuna.
La desaparición de Max Gil Castillo y las amenazas contra Miranda forman parte de un patrón estructural de violencia y criminalización dirigido contra el pueblo garífuna, que sólo puede comprenderse desde la Economía Política de la Violencia. En este contexto, actores empresariales, estatales y criminales actúan de forma articulada para facilitar el despojo de territorios colectivos y el control de los bienes naturales. La represión sistemática contra líderes y comunidades responde a una lógica extractivista que se impone mediante la militarización, la impunidad y el racismo profundamente arraigado en las instituciones del Estado.
Desde la Red-DESC exigimos el esclarecimiento inmediato del paradero de Max Gil Castillo, la sanción a los responsables de su desaparición y el cese de la persecución contra quienes defienden la tierra y la vida. También reiteramos nuestro llamado al Estado hondureño a cumplir de forma urgente las sentencias de la Corte IDH y a garantizar la seguridad del pueblo garífuna.
Para obtener más información sobre lo que está sucediendo con el pueblo garífuna en honduras, encuentre todos los comunicados de OFRANEH en https://twitter.com/ofraneh
