En abril pasado, en Barcelona, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reunió a líderes progresistas, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para debatir cómo defender la democracia y el multilateralismo frente al avance del autoritarismo y las crecientes tensiones geopolíticas.
En un reciente artículo de opinión, la defensora ambiental salvadoreña Zenayda Serrano, de MUFRAS-32, y Mona Sabella, coordinadora de Rendición de Cuentas Corporativa de la Red-DESC, sostienen que una de las mayores amenazas a la capacidad de los gobiernos para actuar en favor del interés público suele quedar fuera del debate: el poder corporativo.
“Menos de 60.000 personas —el 0,001 % más rico de la población mundial— controlan hoy tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad combinada. Esto no es solo una cuestión de desigualdad; es una cuestión de poder político: la capacidad de moldear leyes, influir en elecciones y bloquear reformas que amenazan los intereses corporativos.”
Más de una década después de que países del Sur Global impulsaran las negociaciones para un tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos, el proceso está entrando en una fase decisiva y lo que está en juego no podría ser más importante.
Según el último informe del Business & Human Rights Resource Centre, solo en 2025 se documentaron cerca de 800 ataques vinculados a actividades empresariales contra personas defensoras de derechos humanos en 80 países. Muchos de estos ataques estuvieron relacionados con la minería, la agroindustria, los combustibles fósiles y grandes proyectos de infraestructura. Los pueblos indígenas representaron el 30 % de los ataques registrados, pese a constituir apenas el 6 % de la población mundial.
“La pregunta es si los gobiernos siguen teniendo la capacidad de imponer límites efectivos a formas de poder económico que pueden vulnerar derechos humanos y ambientales, debilitar regulaciones y ejercer más influencia que muchos Estados.”
