El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos considera que Filipinas ocupa una posición estratégica para proyectar poder militar y asegurar las rutas comerciales en Asia. Aunque el acuerdo sobre bases militares fue rechazado en 1991, las tropas estadounidenses continúan manteniendo una presencia descrita como “rotativa” en distintas zonas del país, junto con ejercicios militares conjuntos que se desarrollan durante todo el año con Estados Unidos y sus aliados.
Al mismo tiempo, nuevas iniciativas económicas están profundizando esta relación. La denominada iniciativa Pax Silica posiciona a Filipinas como un centro para la extracción de minerales críticos necesarios para las tecnologías de inteligencia artificial, la producción de semiconductores y el material de guerra.
Las consecuencias se sienten con mayor intensidad en las comunidades locales, a través de la destrucción ambiental, el desplazamiento de campesinos y pueblos indígenas, y la explotación continua de las y los trabajadores.
Qué y cómo: la violencia a través de la doctrina, la militarización y la ley
Como si no bastara con utilizar al país y a nuestro pueblo como carne de cañón, la violencia estatal también se sostiene mediante lo que describo como una hegemonía doctrinal.
Las estrategias de contrainsurgencia aplicadas por los sucesivos gobiernos filipinos llevan la inconfundible impronta de la doctrina militar estadounidense. Desde la llamada “guerra contra el terrorismo” hasta los enfoques de “todo el gobierno” (whole-of-government), pasando por el red-tagging —una práctica heredera del macartismo que consiste en señalar a personas y organizaciones como comunistas o simpatizantes de la insurgencia— y la legislación antiterrorista, los marcos de seguridad de Filipinas han sido moldeados por políticas y conceptos desarrollados en Estados Unidos.
La ayuda militar ha permitido la adquisición de helicópteros Black Hawk, drones y otros equipos que han sido utilizados en operaciones que han derivado en violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Al mismo tiempo, la legislación antiterrorista, los reglamentos administrativos y otras medidas legales han restringido aún más el espacio cívico y democrático. Las capacitaciones, el intercambio de prácticas y otras formas de cooperación continúan proporcionando a las autoridades filipinas herramientas que se utilizan contra sectores progresistas, la oposición política, los movimientos sociales y la población filipina en general.
¿Quién se beneficia y quién resiste?
La pregunta no es únicamente quién ejerce la violencia, ni siquiera quién se beneficia de ella. También es quién la resiste.
Estados Unidos mantiene su dominio estratégico en la región, mientras que los llamados “pequeños estadounidenses de piel morena” obtienen beneficios mediante la corrupción, las redes clientelares, el acaparamiento de tierras y las corporaciones que se enriquecen explotando el trabajo de campesinos y trabajadores.
Para sostener este sistema, señalan a los comunistas, a la oposición política, a los sectores progresistas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos sociales y a la ciudadanía como responsables de los problemas del país. De ese modo, justifican la represión, el terror y los asesinatos.
Pero la pregunta sobre el quién no se refiere únicamente a los antagonistas de esta economía política de la violencia. También se refiere a sus protagonistas.
Los movimientos sociales y la sociedad civil en Filipinas no solo han resistido este sistema. Han desempeñado un papel fundamental en la construcción de alternativas y en la definición de los caminos a seguir.
La documentación como herramienta de resistencia
Quisiera terminar con una de las estrategias que ha sido fundamental para esta resistencia: la documentación.
Organizaciones como Karapatan han construido bases de datos, realizado investigaciones y misiones de verificación de hechos, y documentado violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Junto con redes de campesinos, trabajadores, mujeres, jóvenes, organizaciones religiosas, personal sanitario, sobrevivientes y víctimas, este trabajo ha contribuido a importantes avances en materia de rendición de cuentas, entre ellos la histórica demanda contra la dictadura de Marcos ante tribunales estadounidenses y el proceso abierto por la Corte Penal Internacional contra Rodrigo Duterte.
Pero seguimos documentando las violaciones porque la lucha contra la impunidad institucional está lejos de haber terminado.
El periodismo —especialmente el ejercido desde los medios alternativos— también ha desempeñado un papel esencial. A través de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, numerosos periodistas han sacado a la luz abusos incluso cuando ellos mismos se han convertido en blanco de ataques por defender el derecho de la población a estar informada.
Académicos, artistas, iniciativas ciudadanas y organizaciones de derechos humanos también contribuyen a esta tarea mediante el archivo, la reconstrucción histórica y la preservación de la memoria colectiva, manteniendo vivos los testimonios del pasado y fortaleciendo la resistencia en el presente.
Pero la documentación adquiere toda su fuerza cuando pertenece a los pueblos. Entonces deja de ser únicamente un registro de hechos y se convierte en una herramienta de educación política, organización y movilización. Une a las comunidades, fortalece los movimientos y amplía la acción colectiva desde el ámbito local hasta el nacional e internacional.
Por eso la documentación sigue siendo una de nuestras herramientas de resistencia más poderosas. Nos permite preservar la memoria, enfrentar la impunidad y fortalecer la lucha por la libre determinación y la justicia.
