Organizaciones se presentan ante la Corte IDH para demandar la creación de un modelo de salud mental comunitaria que asegure los derechos de las personas con discapacidad psicosocial

El pasado diciembre, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia),  el Harvard Law School Project on Disability (HPOD), el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) y Justiçia Global presentaron un escrito de amicus curiae  solicitando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordene las reparaciones estructurales para asegurar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial a través de la implementación de un modelo de atención de salud mental basado en la comunidad en Ecuador. La secretaría de ESCR-Net proporcionó coordinación para la presentación en el caso de Guachalá Chimbó y otros contra Ecuador.

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La atención a la salud mental en Ecuador, al igual que en otros países de la región, sigue estando fuertemente basada en el encierro y aislamiento de las personas en instituciones psiquiátricas, lo que viola el derecho a la igualdad, a la salud, a la autonomía, a la vida, a la integridad personal y a vivir de modo independiente y en la comunidad. El caso de Luis Eduardo Guachalá Chimbó, cuyos derechos fueron violados en un hospital psiquiátrico y desapareció, ilustra una vez más el fracaso de los enfoques de salud mental centrados en la institucionalización. Como argumentan las organizaciones amici, la atención de salud mental segregada es intrínsecamente discriminatoria para las personas con discapacidad psicosocial, y conduce a prácticas de tortura y a otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tampoco cumple con el elevado deber de cuidado de los Estados en la esfera de la salud mental.

Ante las violaciones en el caso y los incumplimientos legislativos y políticos de Ecuador con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno y garantías de los derechos económicos, sociales y culturales hasta el máximo de recursos disponibles, el amicus insta a la Corte a determinar medidas de no repetición estructurales y efectivas para transformar esa realidad.