Igualdad y no discriminación

Solapas principales

El 28 de noviembre de 1902, el Sr. Karel Johannes Cornelius De Jager y la Sra. Catherine Dorothea De Jager firmaron un testamento dejando como herencia varias granjas a sus hijos durante sus vidas y, posteriormente, solo a los descendientes hombres, hasta la cuarta generación. En 2015, el Sr. Kalvyn De Jager, quien había heredado la mitad de las acciones de las granjas, falleció sin tener hijos varones. En su testamento dejó sus acciones de las granjas a sus cinco hijas.

Abogados de derechos humanos amenazaron con iniciar acciones legales contra los gobiernos de Alemania, Noruega y Canadá por obstruir los esfuerzos mundiales para incrementar el acceso a vacunas contra la COVID-19 y otras tecnologías sanitarias.

El anuncio llega cuando delegados estatales...

Y.I., madre de tres menores, fue arrestada el 8 de octubre de 2013 bajo sospecha de tráfico de estupefacientes. Había consumido opiáceos durante seis años desde 2004, y en el momento de su detención había vuelto a comenzar a tomar drogas desde hacía poco tiempo y había permitido que otras personas consuman drogas en su hogar. Un oficial de policía de asuntos de menores también presentó múltiples informes, afirmando que Y.I. había descuidado sus responsabilidades parentales.

La Corte Constitucional acumuló 19 casos de mujeres que, en el momento de los eventos cuestionados, estaban embarazadas, amamantando o en licencia por maternidad, y trabajaban en diversos puestos del sector público regulados por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). La Corte se refiere a la violación de los derechos de las embarazadas y las lactantes, y proporciona otras protecciones al reconocer formalmente el derecho al cuidado.

Antecedentes: El 11 de diciembre de 1998 se produjo una explosión en una fábrica de pirotecnia de Santo Antônio de Jesus, en Brasil. La fábrica estaba formada por un conjunto de carpas ubicadas en potreros con mesas compartidas de trabajo. Como consecuencia de la explosión murieron 60 personas y seis resultaron heridas. Entre quienes murieron se encontraban 59 mujeres, 19 de las cuales eran niñas, y un niño; entre los sobrevivientes se encuentran tres mujeres adultas, dos niños y una niña.

En el momento de su muerte, Maria Mahlangu trabajaba como empleada doméstica en un domicilio particular de Sudáfrica. La hija y la nieta de Mahlangu dependían económicamente de ella en el momento de su fallecimiento. La hija de Mahlangu solicitó ayuda ante el Ministerio de Trabajo mediante compensación con arreglo a la Ley de compensación por lesiones y enfermedades laborales (COIDA) o beneficios del seguro de desempleo.

En el presente caso se discutió el derecho de un alumno con discapacidad intelectual a obtener el título oficial que acreditara la finalización de sus estudios secundarios en igualdad de condiciones, con fundamento en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a la educación inclusiva y prohíbe todo tipo de discriminación por motivos de discapacidad.

Los peticionantes cuestionaron la omisión del gobierno de Uganda de proporcionar servicios de salud materna básicos en violación de (1) el derecho a la salud, (2) el derecho a la vida y (3) los derechos de la mujer con arreglo a la Constitución.