El 6 de mayo de 2021 varias organizaciones de derechos humanos presentaron una intervención conjunta de terceros en el caso Duarte Agostinho y otros contra Portugal y otros, el primer caso de cambio climático ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los intervinientes se basaron en normas internacionales, regionales y de derecho constitucional comparado para reafirmar la clara obligación de los Estados en materia de derechos humanos de adoptar y aplicar medidas adecuadas y eficaces para hacer frente a la crisis climática mediante la reducción de las emisiones dentro de sus territorios y extraterritorialmente.
En el caso Duarte Agostinho, una demanda sin precedentes, seis jóvenes portugueses demandaron a 33 Estados europeos por violar sus derechos humanos al no adoptar suficientes medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los jóvenes solicitaron una decisión legalmente vinculante del TEDH que exija que los gobiernos de Europa adopten las medidas urgentes necesarias para poner fin a la crisis climática. Si la solicitud obtiene un fallo favorable, tendrá un efecto considerable en toda Europa e, incluso, más allá de Europa, para la justicia climática y los derechos humanos. La demanda cuenta con el apoyo de la Global Legal Action Network (GLAN). Vea aquí más información sobre el caso.
La mencionada intervención de terceros en apoyo del caso Duarte Agostinho busca establecer los impactos de la crisis climática sobre los derechos vinculados a un medio ambiente saludable y los derechos económicos, sociales y culturales relacionados, así como el derecho a la vida, como punto de partida de obligaciones positivas de derechos humanos respecto de que los Estados deben adoptar medidas adecuadas para abordar la crisis climática.
La intervención también analiza los efectos desproporcionados de la crisis climática sobre los derechos humanos de poblaciones específicas, y el correspondiente deber del Estado de garantizar la igualdad sustantiva y de prevenir y reparar la discriminación interseccional que surge en el contexto de la emergencia climática. La intervención argumenta que la interseccionalidad, que considera las construcciones sociales agravantes, los legados históricos y las políticas sistémicas que promueven desigualdades estructurales, constituye un marco más adecuado que un enfoque simple para abordar los desafíos multifacéticos e intergeneracionales que plantea el cambio climático.
Asimismo, a la luz del desmesurado papel que tienen las empresas en la aceleración de la crisis climática que afecta el disfrute de los derechos humanos, la intervención de terceros hace hincapié en la obligación de los Estados relacionada con los derechos humanos de prevenir el perjuicio sobre los derechos humanos relacionado con el cambio climático, así como los daños previsibles, y de regular las actividades de las empresas de manera efectiva.
Las organizaciones intervinientes son: Al-Haq, ALTSEAN-Burma, Center for the Study of Law, Justice and Society – Dejusticia, Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Comité Ambiental en Defensa de la Vida (CADV), European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), FIAN International, Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH), Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights (GI-ESCR), Human Rights Action (HRA), International Human Rights Clinic at the University of Virginia School of Law, Layla Hughes, Minority Rights Group International (MRG), Observatori DESC y Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL). La secretaría de la Red-DESC coordinó la presentación.