La Red-DESC ha realizado un llamamiento urgente a los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas (ONU), a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para instar a los Estados, a los actores empresariales y a la Organización Mundial del Comercio (OMC) a que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos para facilitar un acceso universal y equitativo a las vacunas COVID-19.
“El acceso universal y equitativo urgente a las vacunas COVID es un derecho humano y un imperativo de salud pública que requiere que los Estados, el sector farmacéutico y la Organización Mundial del Comercio (OMC) cumplan con sus obligaciones para superar los monopolios de la información, como los creados por las patentes de vacunas”, destaca el documento de 63 páginas.
El 2 de octubre de 2020, India y Sudáfrica propusieron formalmente una exención temporal de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). A pesar de contar con el apoyo de miembros de la sociedad civil, de muchos Estados y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay varios países ricos que bloquean las negociaciones sobre el texto y el avance de la iniciativa, entre ellos la UE, el Reino Unido y Estados Unidos, precisamente donde tienen su sede los gigantes farmacéuticos.
El llamamiento también señala que los gigantes farmacéuticos no han participado hasta la fecha en el Fondo Común de Acceso a la Tecnología de la COVID-19 (C-TAP) de la OMS, una herramienta destinada a proporcionar un medio para compartir de manera abierta las aportaciones necesarias para el desarrollo y la producción de vacunas, medicamentos y tecnología necesarios para luchar contra la COVID-19.
“Con las variantes que se extienden por todo el mundo y la incertidumbre en cuanto a la duración de la inmunidad de las vacunas, para hacer frente a la pandemia de manera completa es necesario poner a las personas y los derechos humanos por delante de los beneficios”, señala el documento.
La misiva advierte asimismo de que, si se continúa con el curso actual, “se corre el riesgo de que millones de personas y sistemas públicos de salud se vean seriamente amenazados de forma indefinida. También se ven amenazados el derecho a la vida, a la salud, al derecho a los beneficios del progreso científico y a una verdadera igualdad, así como otros derechos humanos a causa de las consecuencias derivadas”.
Esta comunicación escrita también solicita que los titulares de los mandatos de los Procedimientos Especiales insten a los Estados y a los actores empresariales para que tomen medidas y así garantizar el acceso universal y equitativo a las vacunas COVID-19 dentro de los países y entre ellos, apoyando igualmente la propuesta de exención del acuerdo ADPIC en la OMC, garantizando la plena participación en la iniciativa de intercambio abierto C-TAP de la OMS, y tomando medidas a nivel nacional para permitir una distribución equitativa y transparente.
El llamamiento urgente se ha dirigido a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Salud física y mental; al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos; al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales; al Grupo de Trabajo sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
