Bajo la incomparable hegemonía neoliberal de Estados Unidos, la deuda se ha convertido en una herramienta cada vez más poderosa del imperialismo económico, que reforma las políticas económicas y facilita el despojo continuo en beneficio de constrictivos intereses privados. La larga historia de deudas impuestas en muchos países y de políticas colonialistas que impidieron a estos países ingresar a los mercados de capital globales no es solamente injusta sino también onerosa, ya que estas deudas eran prácticamente imposibles de pagar sin tomar préstamos adicionales. Si los países incumplen sus obligaciones, quedan excluidos de los mercados de capital globales y no pueden comprar las necesidades básicas de su gente. De modo que los países recurren al FMI como prestamista de último recurso, pero los préstamos del FMI vienen con condicionalidades neoliberales: desde programas de ajuste estructural y austeridad hasta programas de estrategias de reducción de la pobreza. A través de estas condicionalidades, el FMI ha obligado a los países, con el beneplácito de los tenedores de deuda pública y privada, a priorizar el pago de la deuda mediante la privatización (es decir, la venta de bienes y servicios públicos), el recorte del gasto público y las pensiones, aplicación de impuestos regresivos al valor agregado (IVA), desregulación del mercado laboral, etc. En el caso de Gabón, las medidas de austeridad impuestas por el FMI incluyeron un recorte sustancial del gasto público y una reducción del déficit fiscal del 6,6% del PIB en 2016 al 4,6% en 2017, lo cual afectó significativamente la capacidad del sector salud de brindar servicios. Como consecuencia, el sector de la salud pública de Gabón colapsó, los planes de seguro público sufrieron y los ciudadanos quedaron vulnerables y expuestos a gastos adicionales que a menudo hundieron a las familias en la pobreza.
Cuando Zimbabue nació en 1980, el país heredó una deuda de USD 700 millones del gobierno de Rhodesia de Ian Smith. Los préstamos se habían utilizado para comprar armas en la década de 1970, violando las sanciones de la ONU. El Reino Unido otorgó préstamos de “ayuda” vinculados a la compra de productos de corporaciones británicas como General Electric y Westinghouse. España prestó dinero para aviones militares fabricados por corporaciones en España. El Reino Unido respaldó más préstamos para que el gobierno de Zimbabue comprara aviones Hawk de fabricación británica, que luego se utilizarían en la Segunda Guerra del Congo, y que arrastró a Zimbabue y a varios otros países africanos al conflicto en la República Democrática del Congo en 1998. En parte, los nuevos préstamos fueron para pagar las deudas de Rhodesia, financiar la reconstrucción de posguerra y hacer frente a una gran sequía a principios de los años 1980. Sin embargo, la mayor parte de este préstamo terminó beneficiando a corporaciones de España y Reino Unido a expensas de la creciente deuda de Zimbabue.
¿Qué es la captura corporativa?
Los miembros de la Red-DESC han definido la captura corporativa como el medio por el cual una élite económica amenaza la realización de los derechos humanos y al medio ambiente, al ejercer influencia sobre los tomadores de decisiones y las instituciones públicas nacionales e internacionales. Los elementos de captura corporativa identificados por los miembros incluyen: manipulación comunitaria, diplomacia económica, interferencia judicial, influencia legislativa y política, privatización de los servicios de seguridad pública, puertas giratorias y configuración de narrativas.