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Viernes, Diciembre 13, 2024

La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) renueva su llamado por un instrumento robusto y legalmente vinculante (ILV) para hacer que las corporaciones sean responsables de los abusos a los derechos humanos y la destrucción ambiental. Este informe de políticas está dirigido específicamente a los Estados, instándolos a tomar medidas decisivas durante las negociaciones de este año para garantizar que el ILV aborde de manera efectiva las causas estructurales de las violaciones y abusos corporativos, y para promover el establecimiento de marcos legales sólidos para la rendición de cuentas.

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Socio-environmental catastrophe caused by the dam collapse of Vale mining company in Brumadinho...
Catástrofe socioambiental causada por el colapso de la represa de la minera Vale en Brumadinho (MG) Foto: Felipe Werneck/Ibama

En la última década, las negociaciones en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra han buscado establecer un tratado que aborde la impunidad corporativa, pero el progreso ha sido lento debido a la oposición y la interferencia corporativa. Hoy en día, las corporaciones se benefician de la degradación ambiental, la apropiación de tierras, el desplazamiento masivo, las violaciones sistemáticas de derechos y hasta del genocidio, afectando de manera desproporcionada a los pueblos indígenas, mujeres, campesinas/os y personas defensoras de derechos humanos.

El informe de Líneas Rojas destaca los principios y protecciones no negociables que los Estados deben incluir en el ILV para garantizar que aborde de manera efectiva las causas estructurales de las violaciones y abusos corporativos. Este tratado representa una oportunidad crucial para priorizar a las personas y el planeta por encima del beneficio económico.

¿Qué es el Instrumento Legalmente Vinculante?

El Instrumento Legalmente Vinculante (ILV) es un tratado internacional propuesto que tiene como objetivo regular las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas para prevenir abusos a los derechos humanos y daños ambientales. Si bien las negociaciones ganaron impulso en 2014 con el apoyo de los Estados del Sur Global, las negociaciones en Ginebra han enfrentado resistencia de poderosos lobbies corporativos y Estados cómplices, lo que revela la influencia generalizada de la captura corporativa. Sin embargo, estas conversaciones representan una oportunidad única y vital para consagrar las protecciones que la comunidad global ha exigido durante décadas.

Los principios "no negociables" para la justicia
A medida que enfrentamos uno de los momentos más oscuros de la historia moderna, el momento para una acción audaz es ahora, ya que un mundo dirigido por corporaciones no solo es peligroso, sino insostenible, tanto para nuestro planeta como para la mayoría de las personas y naciones. Es crucial que los Estados asuman el liderazgo y limiten el poder de las corporaciones del Norte Global para evitar la destrucción total de los derechos.

El informe de Líneas Rojas destaca las provisiones esenciales para el ILV:

  1. Primacía de los Derechos Humanos: Los acuerdos comerciales y de inversión no deben anular ni limitar la capacidad de los Estados para proteger los derechos humanos.
  2. Responsabilidad Legal Corporativa: Las normas internacionales y nacionales vinculantes deben hacer responsables a las corporaciones por los abusos a los derechos humanos, incluidas las responsabilidades civiles y penales.
  3. Obligaciones Extraterritoriales: Los Estados deben garantizar que las corporaciones con sede en su jurisdicción sean responsables de los abusos cometidos en el extranjero.
  4. Zonas Afectadas por Conflictos: Políticas de debida diligencia mejoradas y de desvinculación son cruciales para prevenir la complicidad corporativa en crímenes atroces.
  5. Derechos Indígenas y Autodeterminación: Las comunidades indígenas deben tener el derecho de rechazar proyectos en sus tierras.
  6. Trabajadoras/es y Campesinas/os: Proteger los medios de vida y los derechos laborales es esencial para prevenir la explotación y garantizar la justicia.
  7. Justicia Climática: Las corporaciones deben asumir la responsabilidad por la destrucción ambiental y adoptar soluciones climáticas reales basadas en los derechos.
  8. Captura Corporativa: Se necesitan salvaguardias para asegurar que los intereses corporativos no dicten la política pública ni los procesos multilaterales.
Casos del mundo real que destacan la necesidad de acción
Helicopter
El quinto fabricante de armas más grande del mundo, Boeing fabrica helicópteros de ataque Apache AH-64 y aviones de combate F-15, que la Fuerza Aérea israelí ha utilizado de manera extensiva en todos sus ataques en Gaza y Líbano. Foto: Nehemia Gershuni-Aylho.

El informe de Líneas Rojas proporciona estudios de caso detallados que demuestran cómo las corporaciones perpetúan violaciones mientras evaden la rendición de cuentas:

Brumadinho, Brasil: En enero de 2019, una represa de relaves operada por Vale S.A. colapsó, liberando lodo tóxico que destruyó comunidades enteras a lo largo del río Paraopeba. Las comunidades afrodescendientes Quilombola y los grupos indígenas Pataxó fueron de las más afectadas. Muchas víctimas fueron negadas de asistencia de emergencia debido a barreras burocráticas, mientras Vale evadía plena responsabilidad mediante acuerdos extrajudiciales. El desastre de Brumadinho subraya la urgente necesidad de responsabilidad corporativa y protecciones mejoradas en áreas vulnerables.

Palestina y Myanmar: Corporaciones como Boeing y Airbus han sido cómplices de atrocidades al suministrar equipo militar a regímenes involucrados en genocidios. Boeing proporcionó aviones de combate y helicópteros de ataque a Israel, que fueron ampliamente utilizados en Gaza, causando víctimas y desplazamientos masivos. De manera similar, Airbus se asoció con AVIC de China, permitiendo que el ejército de Myanmar perpetuara el genocidio contra el pueblo Rohingya. Estos casos destacan la necesidad crítica de una debida diligencia mejorada y mecanismos internacionales de rendición de cuentas.

Guatemala: La mina Marlin, operada por Goldcorp Inc., impuso consecuencias devastadoras a las comunidades indígenas Maya Mam y Sipakapense. A pesar de operar en tierras indígenas, el proyecto continuó sin consentimiento, causando destrucción ambiental, contaminación de aguas subterráneas y desplazamiento. El caso demuestra la importancia de reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación dentro del ILV.

Abu Ghraib, Irak: El contratista militar privado CACI Premier Technology, Inc. conspiró con personal militar de EE. UU. para torturar a prisioneros en la prisión de Abu Ghraib durante la Guerra de Irak. Las personas sobrevivientes sufrieron un trato inhumano, incluido abuso físico y psicológico, por lo cual CACI evadió la responsabilidad durante más de 16 años. Este caso ilustra la necesidad de que el ILV establezca una clara responsabilidad legal para los actores corporativos involucrados en crímenes atroces.

Cajamarca, Colombia
: Las comunidades campesinas en el Valle de Cajamarca enfrentan amenazas existenciales por la mina de oro La Colosa, operada por AngloGold Ashanti. El proyecto pone en peligro la seguridad alimentaria y el acceso al agua, poniendo en riesgo a millones de personas mientras desoye la oposición de la comunidad. Este caso resalta la importancia de proteger la toma de decisiones liderada por la comunidad contra prácticas corporativas explotadoras.

Un llamado a la acción para las y los responsables políticos

A medida que enfrentamos uno de los momentos más oscuros de la historia moderna, el momento para una acción audaz es ahora, ya que un mundo dirigido por corporaciones no solo es peligroso, sino insostenible, tanto para nuestro planeta como para la mayoría de las personas y naciones. Es crucial que los Estados asuman el liderazgo y limiten el poder de las corporaciones del Norte Global para evitar la destrucción total de los derechos.

El ILV representa una oportunidad histórica para establecer un marco legal que ponga a las personas y al planeta por encima del beneficio económico. El lento progreso del proceso de negociación del ILV se debe a la captura corporativa de los espacios de toma de decisiones, tanto a nivel nacional como dentro de las Naciones Unidas.

El ILV propuesto debe proporcionar:

  • Responsabilidad legal para los actores corporativos,
  • Mecanismos internacionales para el monitoreo y la rendición de cuentas,
  • Protecciones mejoradas para los pueblos indígenas, trabajadoras/es y defensoras/es de los derechos humanos, y
  • Medidas concretas para combatir la destrucción ambiental, la crisis climática y la complicidad corporativa en crímenes atroces.

Como personas, organizaciones y Estados, debemos amplificar las voces de las comunidades afectadas y exigir justicia. Comparte el informe de Líneas Rojas, aboga por el tratado con tus representantes y únete a nosotras/os para asegurar que la rendición de cuentas corporativa sea no negociable.