La evidencia científica disponible indica que cumplir la principal meta del Acuerdo de París —limitar el aumento de la temperatura media global a menos de 1.5°, en comparación con la era preindustrial (1850-1900)1— es una probabilidad cada vez más distante. El cambio climático supone una amenaza real e inminente para una amplia gama de derechos humanos. La ciencia demuestra que las transformaciones del clima ya están causando daños generalizados en los sistemas naturales de todo el planeta y amenazan directamente la salud humana, la vida, los medios de subsistencia, la cultura, el desarrollo, la libre determinación, los ecosistemas y los recursos naturales de los que dependen los seres humanos.
América Latina y el Caribe es una región especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático. Los fenómenos de calor extremo son cada vez más graves y frecuentes en el continente, causando daños muchas veces irreparables a las infraestructuras, los ecosistemas y a las personas. La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) alertó que “los impactos climáticos registrados en la región han derivado en diversos hechos que han afectado la situación de las personas y comunidades, especialmente aquellas de primera línea”. Al tiempo, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha concluido que, al momento, hay una ventana de oportunidad para actuar que se cierra rápidamente, que permitiría asegurar un futuro habitable y sostenible para todas las personas.
El Acuerdo de París, adoptado en 2015, establece varios compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático6, los cuales se entrelazan con obligaciones de derechos humanos. Al tiempo, varios organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional han desarrollado un amplio marco para dar respuesta a la emergencia climática, integrando el contenido de las obligaciones de derechos humanos en dicha respuesta. Además, muchos de los Estados de la región se han comprometido a cumplir ciertas obligaciones específicas en sus Planes de Acción Climática.
Es imperativo reconocer que el cambio climático constituye una amenaza grave y actual que compromete el goce efectivo de los derechos humanos previstos tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en otros instrumentos internacionales. La degradación ambiental y la intensificación de fenómenos extremos —como sequías, inundaciones y huracanes— no solo desplazan poblaciones enteras, sino que exacerban la desigualdad y la pobreza. Por lo tanto, el abordaje del cambio climático no solo es una cuestión ambiental escindida de los mandatos de los tribunales regionales, sino que es un prerrequisito indispensable para la realización plena y efectiva de todos los derechos humanos.
Por ello, es urgente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fortalezca y adapte sus herramientas de trabajo para dar respuesta a uno de los mayores desafíos para el disfrute de los derechos humanos en el hemisferio: el cambio climático. Por lo mismo, conscientes del rol que la CIDH viene desempeñando en integrar los ámbitos de obligaciones estatales frente al cambio climático y los derechos humanos, la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), organizaciones de la sociedad civil, académicos/as y expertos/as han reflexionado sobre cómo la CIDH podría actuar de forma más oportuna y eficiente, tomando en cuenta las experiencias de otros organismos supranacionales con un mandato similar, así como la jurisprudencia comparada.
Sin pretender suplantar las voces de otras organizaciones usuarias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), este documento ha sido estructurado en cuatro secciones: 1) antecedentes del abordaje de la emergencia climática y su relación con los derechos humanos en los sistemas supranacionales; 2) legislación y litigio climático en el ámbito doméstico; 3) antecedentes del SIDH; y 4) recomendaciones para el perfeccionamiento de algunas políticas y prácticas institucionales de la CIDH.
Esperamos que las reflexiones aquí recogidas sirvan de insumo para que la agenda relativa a la emergencia climática y los derechos humanos sea priorizada en cada uno de los pilares de trabajo de la CIDH.
