DESC (en general)

Solapas principales

Caselaw

400 personas que habían sido desalojadas de tierras municipales adyacentes se asentaron en la granja privada Modderklip en el año 2000. En abril de 2001, se emitió una orden de desalojo, pero los ocupantes no tenían dónde ir y no la cumplieron. La cantidad de ocupantes continuaba aumentando y el auxiliar de justicia exigía un depósito de 1,8 millones de rand, monto que superaba el valor de la propiedad, para llevar a cabo el desalojo.   El propietario intentó en vano conseguir ayuda del gobierno nacional.

Una empresa privada obtuvo una licencia para extraer piedras de la montaña Etela-Riutusvaara. Miembros indígenas del Comité de Pastores Muotkatunturi denunciaron que la extracción de la piedra y su transporte a través de su territorio de pastoreo de renos violaba su derecho a gozar de su cultura conforme al artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una petición contra el Estado de Guatemala por el secuestro, tortura y muerte de cuatro menores y por el asesinato de otro menor en 1990 en la ciudad de Guatemala por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y por la omisión estatal en brindar una adecuada protección judicial a las familias de las víctimas.

Sudáfrica padece una epidemia de VIH/SIDA en la que más de 6 millones de personas están infectadas. En el año 2000, con 80.000 infecciones de recién nacidos por año, la droga anti-retroviral Nevirapin ofrecía la posibilidad de prevenir la infección de 30 a 40 mil niños al año. Aunque el gobierno la recibió gratis durante cinco años, anunció que introduciría el tratamiento contra la transmisión intrauterina únicamente en algunos lugares piloto y que postergaría el inicio del tratamiento durante un año, lo que equivalía a negarles el tratamiento a la mayoría de las madres.

Veinte diputados del Parlamento de Letonia (Saeima) denunciaron que ciertos empleadores no estaban aportando primas del seguro social a un fondo para sus empleados. Los diputados sostuvieron que se trataba de una violación del derecho constitucional a la seguridad social y de los Artículos 9 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), dado que el Estado no había asegurado que la legislación pertinente garantizara que se abonaran las primas.

The Yakye Axa community, a Paraguayan indigenous community belonging to the Lengua Enxet Sur people, filed a complaint with the Inter-American Commission of Human Rights (IACHR) alleging Paraguay had failed to acknowledge its right to property over ancestral land. Given its impossibility to solve the case, the Commission referred it to the Inter-American Court of Human Rights.

En 1994, se aprobó la Agriculture Labour Relations Act (ALRA, Ley de Relaciones Laborales del Sector de la Agricultura) para incluir a los trabajadores del sector en el régimen de relaciones laborales de la provincia de Ontario. Un año después, el flamante gobierno conservador anuló la ALRA.

An HIV/AIDS-positive person submitted an amparo action with Peru's Health Ministry requesting full medical care, including permanent supply of drugs and periodical testing, as well as CD4 and viral load tests. The petitioner alleged to lack enough financial resources to face the high cost of the treatment. The Court accepted the amparo action and ordered government agencies to comply with Article 8 of Law 26626, which set forth that a Plan to Fight AIDS should have top priority in the budget.

The Mayagna Awas (Sumo) Tingni Community lives in the Atlantic coast of Nicaragua and is made up of approximately 142 families. Jaime Castillo Felipe, a leader of the community, lodged a petition before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) denouncing the State of Nicaragua for failing to demarcate the Awas Tingni Community's communal land and to take the necessary measures to protect the Community's property rights over its ancestral lands and natural resources.

Entre el 27 de diciembre de 1995 y el 30 de septiembre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió innumerables peticiones de personas jubiladas y de varias organizaciones no gubernamentales en las que se denunciaba la violación de los derechos a un recurso judicial efectivo, al debido proceso legal, a la propiedad, a la seguridad social, a la salud, al bienestar y a la igualdad ante la ley, previstos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADH) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).