Derechos a la tierra y recursos naturales

Solapas principales

En este caso, la South Fork Band y otras comunidades de Western Shoshone habían apelado una decisión de un tribunal inferior que les negaba una medida cautelar[1] contra la construcción de la mina de oro.

Durante la construcción de un oleoducto en Myanmar por parte de Unocal, empresa estadounidense productora de petróleo y gas, ésta contrató al ejército de dicho país para que lleve a cabo tareas de seguridad en la obra. Los pobladores locales de la zona en la que se estaba construyendo el oleoducto denunciaron que el ejército los sometió a desalojos forzosos, los obligó a trabajar en el proyecto, y cometió violaciones, asesinatos y torturas.

 La Red-DESC se solidariza con el pueblo de Kenia, y pide que se busque una solición a la inestabilidad.

Queremos hacerles llegar un pedido de apoyo urgente al Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Via Campesina y Terra de Direitos de Brasil.

Cinco presentaciones conjuntas denunciaron la existencia de casos de esclavitud y prácticas similares en Mauritania y de discriminación racial institucionalizada perpetrada por la comunidad mauritana gobernante contra la comunidad negra más numerosa. Se denunció, entre otras cosas, que los mauritanos negros estaban siendo objeto de prácticas de esclavitud, desalojos periódicos o desplazamiento forzoso de sus tierras, que eran confiscadas por el gobierno junto con su ganado.

400 personas que habían sido desalojadas de tierras municipales adyacentes se asentaron en la granja privada Modderklip en el año 2000. En abril de 2001, se emitió una orden de desalojo, pero los ocupantes no tenían dónde ir y no la cumplieron. La cantidad de ocupantes continuaba aumentando y el auxiliar de justicia exigía un depósito de 1,8 millones de rand, monto que superaba el valor de la propiedad, para llevar a cabo el desalojo.   El propietario intentó en vano conseguir ayuda del gobierno nacional.

La municipalidad de Port Elizabeth presentó una solicitud de desalojo en respuesta a una petición de un vecindario contra 68 adultos y niños que ocupaban viviendas precarias montadas en terrenos privados. Los ocupantes habían vivido en terrenos sin infraestructura durante dos a ocho años y estaban dispuestos a abandonar la propiedad con la condición de recibir un preaviso razonable y un terreno alternativo adecuado.

El Defensor del Pueblo presentó una acción de tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa Sociedad Occidental de Colombia Inc., en representación del Pueblo U'wa. La presentación perseguía la revocación de un permiso otorgado a la empresa demandada para la explotación de hidrocarburos en territorios tradicionales indígenas (ver en esta Base de Datos “Defensor del Pueblo, doctor Jaime Córdoba Triviño (en representación de varias personas integrantes del Grupo Etnico Indígena U'WA) c/ Ministerio del Medio Ambiente y Occidental de Colombia, Inc. s. Acción de tutela”).