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Miércoles, Septiembre 6, 2006
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Naturaleza del caso

Personas que habitan en la vía pública y organizaciones de interés público denuncian que el desalojo forzado de personas que habitan en la vía pública viola el derecho a la vida conforme a la Constitución al privarlas de su medio de subsistencia; el derecho a la vida incluye la protección del medio de subsistencia; obligación de garantizar la justicia natural antes del desalojo, pero sin derecho automático al reasentamiento conforme al derecho constitucional de la India.

Aplicación de la decisión y resultados

Las personas afectadas fueron desalojadas sin ser reubicadas. Desde 1985, los principios de este caso han sido confirmados en numerosas sentencias, lo que con frecuencia ha dado lugar a desalojos en gran escala en los que no se ofrece un asentamiento alternativo. Por ejemplo, en los casos relacionados con el dique del Narmada, se ordenó un plan de reasentamiento adecuado, pero la mayoría de las personas desalojadas no fueron reubicadas adecuadamente y la mayoría de los miembros de la Corte se negó a examinar el grado de cumplimiento de la sentencia. Ver Narmada Bachao Andolan v. Union of India (2000) 10 SCC 664.

Relevancia del caso

Olga Tellis declaró lo siguiente: “Irónicamente, [el caso] ayudó a las clases propietarias; los abogados suelen citar el caso para justificar el desalojo de inquilinos y habitantes de villas miseria. Sin embargo, también ayudó a estos últimos: el Gobierno no puede desalojarlos sumariamente. El caso también despertó gran interés en la lucha por la vivienda como un derecho fundamental… pero si uno vive en la calle, todo esto no es suficiente”. Este caso se cita con frecuencia como ejemplo del uso de los derechos civiles y políticos en la defensa de los derechos sociales, pero también se lo considera problemático porque no se estableció el derecho al reasentamiento. Tampoco está a la par del avance observado en otras jurisdicciones en las que los tribunales han afirmado derechos más fuertes al reasentamiento.

Grupos involucrados en el caso

La demanda fue presentada por 11 personas afectadas, Peoples Union for Civil Liberties, Committee for the Protection of Democratic Rights y dos periodistas, uno de los cuales es Olga Tellis.