Obligación constitucional de los hospitales estatales de proporcionar tratamiento de emergencia a enfermos en estado crítico; obligación impuesta por el derecho a la vida (artículo 21); disponibilidad de recursos financieros; responsabilidad del estado de proveer asistencia médica de emergencia.
El peticionante sufrió heridas graves al caerse de un tren. Se le negó la asistencia médica en seis hospitales estatales debido a falta de infraestructura médica adecuada o de camas libres. La Corte señaló que el derecho a la vida consagrado en la Constitución de la India (artículo 21) le impone al Estado la obligación de preservar el derecho a la vida de todas las personas y de considerar dicha preservación como de suma importancia. Esta obligación es independiente de las limitaciones de recursos financieros que puedan existir. La Corte declaró que la denegación del tratamiento médico de emergencia necesario para preservar la vida humana en los hospitales estatales constituía una violación de dicho derecho y solicitó al gobierno de Bengal Occidental que abone al peticionante una indemnización por el daño sufrido. También ordenó al gobierno que formulara un borrador de política de asistencia médica primaria que se refiriera particularmente al tratamiento de pacientes en casos de emergencia.
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Se trata del primer caso en el que la Corte Suprema sostuvo que el derecho a la vida incluía la obligación de proporcionar el tratamiento médico de emergencia necesario para preservar la vida humana. Muralidhir (ver más abajo) comentó que la sentencia del caso Paschim Banga plantea el derecho a la asistencia médica de emergencia de las víctimas de accidentes como parte del contenido mínimo del derecho a la vida. El caso fue posteriormente comentado y destacado por la Corte Constitucional de Sudáfrica en Soobramoney v. Minister of Health. En un caso posterior, Consumer Education and Research Centre v. Union of India (1995 3 SCC 42), la Corte Suprema reconoció que los recursos del estado no son ilimitados y que no se violaba la Constitución al reducir algunos derechos de los empleados a beneficios médicos (1997 (12) BCLR 1696 (CC)).
Los peticionantes son miembros de una organización de trabajadores agrícolas.
Su abogado: Shri Muralidhar. El abogado del tercero interviniente: Rajeev Dhavan (junto a los abogados P H Parekh, Shefali S Fazl, y Anne Mathew)
Por el Estado: S Hegde, Sen. Adv. (junto a Dilip Sinha, Dayan Krishnan y J R Das, abogados de Sinha y Das); por Union of India: A N Jayaram, Additional Solicitor General (junto a los abogados S N Sikka, Raj Singh Rana, D.S. Mara, V.K. Verma)
