La organización PUCL denunció que había habido muertes por inanición a pesar de la existencia de un exceso de reservas de cereales, lo que conducía a una violación del derecho a la alimentación; la Corte sostuvo que el derecho a la vida estaba amenazado; órdenes de implementar un código de hambruna, planes de alimentos y almuerzos escolares.
Había habido muertes por inanición en el estado de Rajastán a pesar de que se conservaban excedentes de cereales para períodos oficiales de hambruna; asimismo, diversos planes de distribución de alimentos implementados en todo el país no estaban funcionando. En 2001, la organización People's Union for Civil Liberties (PUCL) solicitó a la Corte que exigiera el cumplimiento de los planes de alimentos y del Código de Hambruna, el cual permitía que se liberaran reservas de cereales en épocas de hambruna. Basó sus argumentos en el derecho a la alimentación, derivándolo del derecho a la vida. Durante dos años, la Corte emitió varias ordenes cautelares, pero su aplicación por parte de los gobiernos estatales y nacional no fue adecuada. En 2003, la Corte dio a conocer una sentencia contundente en la que sostuvo que el derecho a la vida se veía amenazado por las fallas de los planes. La Corte resaltó la paradoja de que los alimentos estuvieran almacenados mientras los pobres se morían de hambre y se negó a aceptar los argumentos relacionados con la falta de disponibilidad de recursos dada la seriedad de la situación. Ordenó lo siguiente: que se aplicara el Código de Hambruna durante tres meses; que se duplicara la asignación de cereales al plan de alimentos por trabajo y que se aumentara la asistencia financiera a los planes; que los comercios autorizados para vender raciones se mantuvieran abiertos y entregaran los cereales a las familias que se encontraran bajo el límite de pobreza al precio estipulado; que se publicitaran los derechos a los cereales de las familias bajo el límite de pobreza; que todas las personas carentes de medios (personas de edad avanzada, viudas, adultos discapacitados) reciban una tarjeta de raciones Antyodaya Anna Yozana para poder recibir los cereales gratis; y que los gobiernos estatales apliquen progresivamente el plan de almuerzos escolares.
Colin Gonsalves, el abogado de PUCL, declaró: ‘es uno de los casos más exitosos que hemos tenido; tuvo un efecto nacional. Después de la sentencia… se lanzó la campaña del derecho a la alimentación y cientos de grupos se sumaron a ella. Ha habido mejoras en los programas gubernamentales. De hecho, si no hubiese sido por este caso, se hubiera cancelado todo el programa. Por ejemplo, el plan de almuerzos… para los niños en las escuelas. El programa prácticamente ya se había cancelado [pero después de] la orden judicial, los almuerzos volvieron a empezar en seis a ocho estados'. La Corte también emitió otras ordenes en 2004: ver http://www.geocities.com/righttofood/orders/interimorders.html.
El caso ha sido significativo no solamente como catalizador de un movimiento nacional por la implementación de diversos planes de alimentación, sino también como tema de debate del movimiento global por el derecho a la alimentación y de trabajos de investigación relacionados. Esto se debe especialmente a que son muy escasos los casos de demandas judiciales referidas al derecho a la alimentación.
Demandantes People’s Union for Civil Liberties 81 Sahayoga apartments Mayur Vihar - I Delhi 110091, India 91-11-2250014 (telefax); 91-11-2256931 (fax) 91-11-2492342 Email: national@pucl.org Web: www.pucl.org
Uno de los abogados de los demandantes fue Colin Gonsalves, de SLIC: Colin Gonsalves Legal Information Centre CVOD Jain High School, 4th Floor 84, Samuel Street Dongri, Mumbai 400 009 India Email: slicdelhi@vsnl.net