Summary
Había habido muertes por inanición en el estado de Rajastán a pesar de que se conservaban excedentes de cereales para períodos oficiales de hambruna; asimismo, diversos planes de distribución de alimentos implementados en todo el país no estaban funcionando. En 2001, la organización People's Union for Civil Liberties (PUCL) solicitó a la Corte que exigiera el cumplimiento de los planes de alimentos y del Código de Hambruna, el cual permitía que se liberaran reservas de cereales en épocas de hambruna. Basó sus argumentos en el derecho a la alimentación, derivándolo del derecho a la vida. Durante dos años, la Corte emitió varias ordenes cautelares, pero su aplicación por parte de los gobiernos estatales y nacional no fue adecuada. En 2003, la Corte dio a conocer una sentencia contundente en la que sostuvo que el derecho a la vida se veía amenazado por las fallas de los planes. La Corte resaltó la paradoja de que los alimentos estuvieran almacenados mientras los pobres se morían de hambre y se negó a aceptar los argumentos relacionados con la falta de disponibilidad de recursos dada la seriedad de la situación. Ordenó lo siguiente: que se aplicara el Código de Hambruna durante tres meses; que se duplicara la asignación de cereales al plan de alimentos por trabajo y que se aumentara la asistencia financiera a los planes; que los comercios autorizados para vender raciones se mantuvieran abiertos y entregaran los cereales a las familias que se encontraran bajo el límite de pobreza al precio estipulado; que se publicitaran los derechos a los cereales de las familias bajo el límite de pobreza; que todas las personas carentes de medios (personas de edad avanzada, viudas, adultos discapacitados) reciban una tarjeta de raciones Antyodaya Anna Yozana para poder recibir los cereales gratis; y que los gobiernos estatales apliquen progresivamente el plan de almuerzos escolares.