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Viernes, Julio 31, 2009
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Naturaleza del caso

Revisión de 22 acciones de tutela originadas por situaciones que vulneran el derecho constitucional a la salud en Colombia. Síntesis de la jurisprudencia colombiana sobre el derecho a la salud. Disposiciones de la Corte destinadas a corregir fallas estructurales del sistema de salud público de Colombia. Declaración del derecho a la salud como un derecho fundamental. El acceso a servicios sanitarios oportunos y de calidad está garantizado por el derecho a la salud.

Aplicación de la decisión y resultados

La sentencia tuvo tres efectos. En primer lugar, las 22 personas recibieron una reparación por las violaciones específicas del derecho a la salud. En segundo lugar, el Ministerio de Salud y otros organismos gubernamentales están introduciendo lentamente los cambios estructurales ordenados por la Corte. Según el Ministerio de Salud, el plan de cobertura de salud (POS) modificado ordenado por la Corte será presentado el 1ro de agosto de 2009 y entrará en vigor en septiembre de 2009. El POS modificado elimina 100 procedimientos e incorpora otros 1000 (El Espectador, 23 de Julio de 2009). Sin embargo, el gobierno anunció que el nuevo sistema unificado de salud (POS) -es decir, la orden de la Corte más importante que afecta a todo el sistema- no será promulgado hasta el año 2014 (Portafolio, 21 de julio de 2009). Finalmente, la sentencia T-260 originó un amplio debate político y académico sobre el sistema de salud, especialmente sobre temas de sostenibilidad y la protección del derecho a la salud.

Relevancia del caso

La sentencia es significativa por tres razones. La razón práctica es que la Corte aparta al sistema de salud de un camino que conducía a la falta de sostenibilidad financiera y corrige las fallas estructurales que limitan el acceso de los usuarios a los servicios de salud. Desde el punto de vista de la jurisprudencia, es crucial la reafirmación del derecho a la salud como un derecho fundamental. En términos teóricos, la Corte innova al impartir órdenes generales que se parecen más a políticas públicas que a dictámenes estándares judiciales, llegando incluso a incluir mecanismos de seguimiento.