Entre otros temas, la Corte Constitucional anuló las licencias de las 347 empresas de minería privadas a las que previamente se les habían otorgado permisos de minería en el páramo, una región de los Andes colombianos cuyo equilibrio ecológico está amenazado.
La Corte Constitucional declaró inconstitucional (o parcialmente inconstitucional) tres artículos del PND, ordenó que cese toda la minería en forma inmediata y prohibió toda actividad minera futura en la región. También ordenó que se restituyan tierras explotadas bajo PINES.
Este caso es una victoria para los activistas ambientales y defensores, y para las comunidades mismas. Ofrece una vía para que las personas desplazadas de Colombia reclamen más fácilmente sus tierras y protege un ecosistema amenazado y de importancia vital contra la devastación de la minería. Protege los derechos de las personas por sobre los derechos de los desarrolladores y otros intereses empresariales. Finalmente, establece un importante precedente, confirmando que los derechos ambientales en Colombia están protegidos por garantías constitucionales.