Al considerar una comunicación que le fuera presentada, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial sostuvo que la República de Corea era responsable de múltiples violaciones de derechos bajo la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, incluyendo el derecho al trabajo y el acceso a un recurso efectivo.
La implementación de la decisión está teniendo lugar en la actualidad. La puesta en práctica de las recomendaciones del Comité incluirá medidas concretas por parte de Corea destinadas a cumplir con sus obligaciones emanadas de la Convención. En su decisión, el Comité estableció explícitamente que espera recibir, dentro de un plazo de 90 días, información del gobierno coreano sobre las medidas tomadas para aplicar la decisión del Comité.
Respecto de la política mencionada de análisis obligatorios, en una presentación ante el Comité, el gobierno coreano expresó que desde 2010 ya no se exigen análisis obligatorios como condición para renovar los contratos de trabajo de los profesores de inglés extranjeros, por lo que la comunicación se había vuelto redundante. Sin embargo, esta afirmación del gobierno ha sido objeto de disputas e, incluso, L.G. enfatizó que la mera discontinuidad de la política no constituye un remedio integral para la violación de sus derechos. Por ello, la implementación adecuada de la decisión del Comité es esencial para asegurar que se haga justicia en este caso.
Vale destacar que, al prescribir recomendaciones, esta decisión no solo hace referencia a profesores extranjeros de inglés, sino a reglamentaciones referidas a todos los trabajadores extranjeros. En un mundo cada vez más globalizado, en particular respecto del trabajo, este caso es importante porque destaca la discriminación que pueden enfrentar los trabajadores extranjeros/migrantes y defiende sus derechos humanos. Asimismo, Corea del Sur ha sido criticada en los últimos años por su tratamiento de los trabajadores extranjeros/migrantes. Si se la cumple adecuadamente, la decisión tendrá efectos importantes sobre los derechos de los trabajadores en Corea. Como mínimo, como se ha señalado, el caso proporciona “un fundamento sólido para presionar al gobierno de Corea del Sur”. Es probable que la decisión también influya en la situación en otros países en los que los trabajadores se enfrentan a violaciones similares de sus derechos.
L.G. fue representada por Benjamin Wagner, el fundador de International Advocacy.