Decisión de la Corte Constitucional sobre el derecho a la vivienda frente al derecho de un propietario a su tierra; apelación de una orden de un Alto Tribunal que permitía un desalojo sin considerar plenamente las circunstancias de los ocupantes y las consecuencias que el desalojo tendría para ellos.
A la fecha del presente resumen no se habían proporcionado tierras alternativas. La ciudad de Tshwane llevó a cabo una auditoría de los ocupantes, sin que la ciudad se ocupe de las circunstancias personales y las necesidades de vivienda de la comunidad. Vale destacar que el asentamiento creció considerablemente, de tener unas 170 familias en el momento en que se presentó la demanda hasta aproximadamente 2000 hogares en la fecha de la sentencia de la Corte Constitucional y la auditoría subsiguiente. Tras la presentación por parte de la municipalidad del informe ante el Alto Tribunal, los ocupantes presentaron una declaración conforme al párrafo 5 de la orden de la Corte Constitucional. Todas las consultas y los intentos de trabajar con la ciudad tras el intercambio de declaraciones fueron en vano. La ciudad ofreció pagarle al propietario una compensación monetaria hasta que los ocupantes pudieran ser reubicados, pero nunca hizo los pagos prometidos y el propietario inició una demanda civil por daños y perjuicios contra la ciudad. Los ocupantes no participan en esta demanda. Los ocupantes siguen residiendo en Mooiplaats. El asunto todavía está pendiente de revisión por parte del Alto Tribunal. (Entrevista con Nathaniah Jacobs, Lawyers for Human Rights, julio de 2015.)
El caso complementa y amplía la decisión de la Corte en el caso Ciudad de Johannesburgo c. Blue Moonlight Properties en tres aspectos materiales. Primero, la Corte deploró que en ambos casos los ocupantes fueran denominados “invasores”, sosteniendo que tal palabra era “emocional y moralizante” y socavaba la dignidad de los ocupantes. Segundo, tomó en cuenta que, aunque la ocupación se había iniciado apenas poco tiempo antes del procedimiento de desalojo, la probabilidad de que un desalojo deje a los afectados sin techo hacía que siga siendo obligatorio proporcionar viviendas o tierras alternativas. Tercero, la consideró que el propietario no demostró que tuviera un uso urgente u obligatorio para la tierra ocupada ilegalmente; ello volvía innecesario emitir una orden de desalojo urgente sin proporcionar alternativas.
(Actualizado en agosto de 2015)
Lawyers for Human Rights