Al evaluar la constitucionalidad de un proyecto de ley de salud que le había enviado el Presidente, la Corte Suprema de Irlanda consideró si las disposiciones del proyecto, que permitían el cobro de servicios a pacientes internados, incluso a personas mayores de medios limitados, eran compatibles con la Constitución.
Conforme al marco constitucional irlandés, de acuerdo con la sentencia, las disposiciones retroactivas del proyecto de ley examinado fueron eliminadas. Es más, según fuentes gubernamentales, la decisión de la Corte Suprema significaba que el estado podía tener que enfrentar reclamos de entre 500 millones y 1.200 millones de euros.
La Ley de (Sistema de Repago de) Salud de 2006 (Health (Repayment Scheme) Act) fue la respuesta legislativa a la sentencia destinada a reembolsar a quienes habían debido pagar los servicios de salud injustamente. No parece existir ninguna sentencia en la que personas afectadas hayan presentado demandas basándose en la decisión de la Corte Suprema. El único caso (Maher c. Health Repayments Scheme Appeal Office [2013] IEHC 344) se relaciona con la situación de un demandante bajo el Sistema de Repago. Según el Departamento de Salud, se recibieron 35.417 solicitudes bajo dicho sistema y 19.809 solicitantes recibieron un reembolso; el monto total reembolsado asciende a 448.700.000 euros. Varios casos complejos todavía están pendientes de resolución. (Entrevista por correo electrónico con el Dr. David Fennelly, profesor asistente, Trinity College, Dublin, School of Law, julio de 2015)
La principal importancia del caso fue el reconocimiento de la Corte de que, bajo ciertas circunstancias, la Constitución puede imponer la obligación sobre el estado de proporcionar a individuos cuidados y servicios esenciales. Asimismo, teniendo en cuenta la usual deferencia que muestra la Corte Suprema de Irlanda frente a la legislatura, este caso es importante, porque la Corte declaró que la legislación en parte no era constitucional, sin perjuicio del hecho de que tal conclusión le costaría al estado unos 500 millones de euros. Por otro lado, este caso se apartó de la anterior tendencia de la Corte a rechazar el reconocimiento judicial de los derechos socioeconómicos implícitos y mostró que la Corte puede llegar a ver un papel para los tribunales en la realización de los derechos socioeconómicos implícitos.
(Actualizado en agosto de 2015)